Esmenes parlamentàries al projecte de Llei per la qual s’estableix l’ingrés mínim vital. Disposicions transitòries

1. Esmenes a les disposicions transitòries del projecte

1.1 Disposició transitòria primera.

“Prestaciones económicas transitorias de ingreso mínimo vital hasta el 31 de diciembre de 2021.”

L’esmena 265 (del Grup socialista) se limita a proposar el mateix text que ja havia estat modificat per la disposició final onzena del RDL 28/2020, de 22 de setembre, sense cap innovació.

Les esmenes 402 (del Grup republicà) i 109 (del PDeCAT) proposen la supressió de la disposició transitòria primera.

L’esmena 126 (de Junts per CAT) proposa la modificació del primer apartat de la DT 1a.:

“1. El Instituto Nacional de la Seguridad Social, o el organismo designado por la Comunidad autónoma competente, reconocerá la prestación transitoria de ingreso (…)”

L’esmena 127 (de Junts per CAT) proposa la modificació de l’apartat 5 de la DT 1a.:

“5. El Instituto Nacional de la Seguridad Social, o el organismo designado por la comunidad autónoma competente, notificará a los beneficiarios (…)”

L’esmena 128 (de Junts per CAT) proposa la modificació de l’apartat 8 de la DT 1a.:

 “(…) la documentación que a tal efecto le sea requerida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, o por el organismo designado por la comunidad autónoma competente. (…)”

L’esmena 129 (de Junts per CAT) proposa la modificació de l’apartat 9 de la DT 1a.:

“(…) podrán solicitar su reconocimiento ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social, o ante el organismo designado por la comunidad autónoma competente. (…)”

Les esmenes 81 (del Grup En comú podem) i 369 (del Grup republicà) són idèntiques i proposen la següent modificació del segon paràgraf de l’apartat 10 de la DT 1a.:

“(…) En cualquier caso, la cuantía de la prestación transitoria se actualizará con efectos del día 1 de enero de 2021, tomando como referencia los ingresos anuales computables señalados en la declaración responsable, sin menoscabo de su posterior comprobación y regularización. Cuando la variación de los ingresos anuales computables del ejercicio anterior motivara la extinción de la prestación, esta surtirá igualmente efectos a partir del día 1 de enero del año siguiente a aquel al que correspondan dichos ingresos. En otro caso, se reanudará el percibo de la asignación económica por hijo o menor a cargo, siempre que se mantengan los requisitos para ser beneficiario de esta prestación. (…)”

L’esmena 130 (del PDeCAT) proposa la supressió de l’apartat 10 de la DT 1a.

L’esmena 403 (del Grup republicà) proposa la següent modificació e l’apartat 13 de la DT 1a.:

«13. Asimismo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social podrá, hasta el 30 de septiembre de 2021 31 de diciembre de 2020, reconocer la prestación de ingreso mínimo vital a aquellas personas beneficiarías de alguna de las distintas rentas de inserción o básicas establecidas por las comunidades autónomas. Para ello, las comunidades autónomas, si han obtenido la conformidad para la remisión de los datos de sus beneficiarios al Instituto Nacional de la Seguridad Social a efectos del reconocimiento de la prestación, comunicaran al referido Instituto, a través de los protocolos telemáticos de intercambio de información habilitados al efecto, los datos necesarios para la identificación de los potenciales beneficiarios, que deberá incluir un certificado emitido por la correspondiente comunidad autónoma acreditativo de la constitución de una unidad de convivencia conforme establece el artículo 6 y del cumplimiento de los requisitos a que se refieren los artículos 4, 5 y el artículo 7 del presente real decreto-ley; así como de que se encuentran en su poder toda la documentación que pruebe el cumplimiento de dichos requisitos, a excepción de la vulnerabilidad económica a la que se refiere el artículo 8 del presente real decreto ley, que será analizada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Dicha verificación se establecerá cuando los datos para su comprobación estén en disposición de la Comunidad autónoma y se establezca la equivalencia con los requisitos de las prestaciones autonómicas.

Este certificado será suficiente para que dicha entidad gestora considere cumplidos dichos requisitos, sin perjuicio de la obligación de las Comunidades Autónomas de remitir al referido Instituto toda la documentación en el plazo máximo de seis meses a contar desde el 1 de octubre 1 de enero de 2021 o cuando la solicite para la resolución de cualquier reclamación. En el supuesto de que se emitiese un certificado conformando la documentación y se reconociese una prestación que, posteriormente, fuera declarada indebida y no fuese posible recuperar el importe abonado, los perjuicios ocasionados serán a cargo de la comunidad autónoma certificadora.

Los expedientes resueltos por el Instituto Nacional de la Seguridad Social se comunicarán a las comunidades autónomas a través de los protocolos informáticos establecidos.

El INSS aportará a las comunidades autónomas el presupuesto necesario para poder ejecutar esta revisión de expedientes. Por cada expediente se establece un importe de 100 €. Previo a la ejecución, el INSS establecerá los acuerdos necesarios con las comunidades autónomas para la compensación entre administraciones de los cobros indebidos en que pudieran caer los beneficiarios de la IMV que provienen de las rentas mínimas, para no causar perjuicios a los ciudadanos.»

1.2 Disposició transitòria segona.

“Presentación de solicitudes.”

L’esmena 266 (del Grup socialista) se limita a proposar el mateix text que ja havia estat modificat per la disposició final onzena del RDL 28/2020, de 22 de setembre, sense cap innovació llevat de la supressió del següent:

“Las solicitudes de acceso a la prestación económica podrán presentarse a partir del día 15 de junio de 2020.”

1.3 Disposició transitòria tercera.

“Régimen excepcional aplicable a las solicitudes cursadas por situación de carencia de rentas.”

Les esmenes 267 (del Grup socialista), 82 (del Grup En comú podem) i 370 (del Grup republicà) proposen la supressió de la DT tercera.

1.4 Disposició transitòria setena.

“Integración de la asignación por hijo o menor a cargo en el ingreso mínimo vital.”

L’esmena 268 (del Grup socialista) proposa la redacció que havia estat introduïda per la disposició final cinquena del RDL 30/2020, de 29 de setembre, amb les següents novetats (marcades en negreta):

“A partir del 1 de junio de 2020, fecha de la entrada en vigor del Real decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, no podrán presentarse nuevas solicitudes para la asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento del sistema de la Seguridad Social, que quedará a extinguir, sin perjuicio de lo previsto en el párrafo tercero. No obstante, los beneficiarios de la prestación económica transitoria de ingreso mínimo vital que a 31 de diciembre de 2020 no cumplieran los requisitos para ser beneficiarios del ingreso mínimo vital podrán ejercer el derecho de opción para volver a reanudarán el percibo de la asignación económica por hijo o menor a cargo del sistema de la Seguridad Social, siempre que mantengan los requisitos para ser beneficiarios de la misma.

A la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, A partir del 1 de junio de 2020, los beneficiarios de la asignación económica por cada hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento continuarán percibiendo dicha prestación hasta que dejen de concurrir los requisitos y proceda su extinción.

Las solicitudes presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta norma al 1 de junio de 2020 se regirán por la norma vigente al tiempo de su presentación, excepto en relación con la actualización de los límites de ingresos anuales, para la cual se aplicarán las normas relativas a la prestación económica por nacimiento o adopción de hijo en supuestos de familias numerosas, monoparentales y de madres o padres con discapacidad.

Las solicitudes presentadas dentro de los treinta días naturales siguientes a la entrada en vigor de este real decreto-ley, al 1 de junio de 2020 en las que se alegue la imposibilidad para su presentación en una fecha anterior, derivada de la suspensión de plazos administrativos establecida en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se considerarán presentadas en la fecha que la persona solicitante indique que quiso ejercer su derecho y se produjo dicha imposibilidad.

La percepción de la prestación de ingreso mínimo vital será incompatible con la percepción de la asignación económica por hijo o menor a cargo, sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento, cuando exista identidad de causantes o beneficiarios de esta.

En el supuesto de que la cuantía de la prestación de ingreso mínimo vital sea superior a la de la asignación económica por hijo o menor a cargo referida en el párrafo anterior, se reconocerá el derecho a la prestación de ingreso mínimo vital. Dicho reconocimiento extinguirá el derecho a la asignación por hijo o menor a cargo.

En el supuesto de que la cuantía de la prestación de ingreso mínimo vital sea inferior a la de la asignación económica por hijo o menor a cargo, y el interesado optara por la primera, su reconocimiento extinguirá el derecho a la asignación económica por hijo o menor a cargo. Si optara por la asignación económica por hijo o menor a cargo, se denegará por esta causa la solicitud de la prestación de ingreso mínimo vital.

A efectos del reconocimiento del ingreso mínimo vital, se exceptuará del cómputo de ingresos y patrimonio a que se refiere el artículo 18 de esta ley el importe de la asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento percibido.»

L’esmena 110 (del PDeCAT) proposa la supressió de la DT 7a.

L’esmena 15 (del Sr. Errejón) proposa un nou contingut a la disposició transitòria setena:

« (Nueva) Disposición adicional séptima.

A las unidades de convivencia monoparentales con cinco o más miembros a las que, antes de la entrada en vigor de esta ley, se haya rechazado su solicitud de ingreso mínimo vital por tener un patrimonio igual o superior a 2,2 veces el límite patrimonial para una persona beneficiaria individual pero menor a 2,6 veces ese límite, se les reconocerá, si cumplen el resto de los requisitos, la prestación de ingreso mínimo vital, con efectos desde la fecha en que debió ser aprobada. El anexo II describe, a título informativo, los límites patrimoniales vigentes durante el año 2020.»

1.5 Disposició transitòria octava.

“Colaboración de las Entidades del Tercer Sector de Acción Social en la gestión de la prestación de Ingreso Mínimo Vital.”

L’esmena 269 (del Grup socialista) proposa la mateixa redacció d’aquesta disposició que ja va ser aprovada per ll’article 3 del RDL 3/2021, de 2 de febrer, sense cap innovació.

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L’esmena 430 (del PNB) proposa la següent modificació de la DT 8ª.:

“De forma excepcional, durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, las Comunidades Autónomas con competencias en materia de asistencia social, podrán requerir la colaboración, en las tareas establecidas en el artículo 19.9 y 10, de las Entidades del Tercer Sector de Acción Social de su ámbito territorial de conformidad con la legislación autonómica correspondiente. Dicha colaboración, en ningún caso, excluye la responsabilidad y competencia autonómica en la materia.”

Amb la següent justificació:

“La competencia de las CC. AA. en materia de servicios sociales no puede ser sustituida por las Entidades del Tercer Sector. La disposición transitoria, tal y como está redactada en la actualidad, dota a tales Entidades de una función pública —la de acreditar las circunstancias previstas en el artículo 19.9 y 10— que solo puede ser atribuida a las administraciones competentes que, en ningún caso, pueden hacer dejación de su competencia. En tal sentido, el artículo 19.9 y 10 se refiere a las funciones atribuidas a los servicios sociales competentes quienes, mediante certificado, acreditarán que se cumplen con una serie de requisitos necesarios para ser beneficiario del IMV, así como para acreditar el riesgo de exclusión social.

Mediante la enmienda se restituye la competencia a la administración competente en materia de servicios sociales y se deja en manos de la misma la posibilidad de concitar la ayuda y colaboración de las entidades del tercer sector que trabajen y se encuentren constituidas conforme con la normativa autonómica correspondiente.”

2. Noves disposicions transitòries proposades pels grups parlamentaris

Diferents grups parlamentaris han proposat noves disposicions transitòries:

Esmena 270 (del Grup socialista) addició DT 9a.

“Disposición transitoria novena (nueva). Reguladora del régimen transitorio en la gestión del Régimen de Clases Pasivas”.

Aquesta nova disposició transitòria no té res a veure amb l’Ingrés Mínim Vital.

Esmena 45 (En comú podem) addició nova Disp. Transitòria

«Disposición transitoria XXX. Régimen excepcional aplicable a las personas titulares de rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las comunidades autónomas.

Con carácter excepcional, todas las personas que a fecha de 31 de diciembre de 2020 sean titulares de las rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por alguna comunidad autónoma tendrán reconocida de oficio una prestación del Ingreso Mínimo Vital con efectos de 1 de enero de 2021, siendo el único requisito exigido el de no superar el umbral de ingresos garantizados que corresponda con la estructura y composición de la unidad de convivencia.

En el plazo máximo de un mes, el Instituto Nacional de la Seguridad Social solicitará a las comunidades autónomas la relación de los titulares de estas rentas, y calculará, de acuerdo con los ingresos de la unidad de convivencia correspondientes a 2020, la cuantía de la prestación.

Este reconocimiento de la prestación del Ingreso Mínimo Vital no implicará la extinción automática de la prestación autonómica, quedando esta cuestión a lo que señalen las distintas normativas de cada comunidad autónoma.»

Esmena 68 (En comú podem) addició nova DT

«Disposición transitoria nueva. Régimen excepcional aplicable a las personas titulares de rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las comunidades autónomas.

Con carácter excepcional, todas las personas que a fecha de 30 de junio de 2021 sean titulares de las rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por alguna comunidad autónoma tendrán reconocida de oficio una prestación del Ingreso Mínimo Vital con efectos de 1 de enero de 2021, siendo el único requisito exigido, excepcionalmente, el de no superar el umbral de ingresos garantizados que corresponda con la estructura y composición de la unidad de convivencia.

En el plazo máximo de un mes, el Instituto Nacional de la Seguridad Social solicitará a las comunidades autónomas la relación de los titulares de estas rentas, y calculará, de acuerdo con los ingresos de la unidad de convivencia correspondientes a 2020, la cuantía de la prestación para 2021.

Este reconocimiento de la prestación del Ingreso Mínimo Vital no implicará la extinción automática de la prestación autonómica, quedando esta cuestión a lo que señalen las distintas normativas de cada comunidad autónoma.»

Aquestes dues esmenes d’En comú podem tenen el mateix títol i contingut, només són diferents les dates: la segona substitueix la data de 31 de desembre de 2020 pel 30 de juny de 2021, mentre que es mantenen els efectes econòmics de l’1 de gener de 2021. Hem de suposar que l’esmena posterior substitueix la primera.

Esmena 111 (del PDeCAT) addició nova DT

«Disposición transitoria octava. Participación del tercer sector en la reorganización del conjunto de ayudas estatales.

En cumplimiento de las medidas de fomento de las entidades del tercer sector de acción social contempladas en el artículo 6 de la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social, se garantizará la participación del Tercer Sector de Acción Social en la reorganización del conjunto de ayudas estatales.»

Esmena 431 (PNB) addició nova DT

“Disposición transitoria XXX. Régimen excepcional de reconocimiento de la prestación del Ingreso Mínimo Vital en favor de las personas beneficiarias de rentas de inserción o básicas de asistencia social concedidas por las comunidades autónomas.

1. Con carácter excepcional, a todas las personas que, reuniendo las condiciones contempladas en la presente ley para ser titular de esta prestación no contributiva, sean beneficiarias a fecha 30 de diciembre de 2020 de alguna de las distintas rentas de inserción o básicas de asistencia social establecidas por las comunidades autónomas se les reconocerá de oficio una prestación del Ingreso Mínimo Vital con efectos de 1 de enero de 2021.

2. A lo largo del primer mes tras la entrada en vigor de la presente ley, las comunidades autónomas remitirán al Instituto Nacional de la Seguridad Social la relación de las personas titulares de estas prestaciones autonómicas señaladas en el apartado anterior, comunicando al referido Instituto, a través de los protocolos telemáticos de intercambio de información habilitados al efecto, los datos necesarios para su identificación, incluyendo un certificado acreditativo de la constitución de una unidad de convivencia, del cumplimiento de los demás requisitos para acceder a la condición de titular de la prestación y de la situación de vulnerabilidad económica, todo ello conforme se establece en el capítulo II (artículos 4 a 8) de la presente ley, así como de que se encuentra en su poder toda la documentación que pruebe el cumplimiento de dichos requisitos. Este certificado, para cuya remisión al Instituto Nacional de la Seguridad Social no será preciso contar con la conformidad de sus beneficiarios, será suficiente para el reconocimiento de oficio de la prestación y de su correspondiente cuantía económica por parte de este organismo.

En el plazo máximo de tres meses a partir de la entrada en vigor de la presente ley, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, o en su caso la comunidad autónoma con la competencia transferida, iniciará el pago directo a las personas beneficiarias de la prestación correspondiente del Ingreso Mínimo Vital, comunicando tal extremo a las comunidades autónomas a fin de que por estas se suspenda o en su caso ajuste el pago de la correspondiente renta de inserción o ayuda análoga autonómica de forma inmediata y coincidente en el tiempo.

3. A lo largo del trimestre inmediatamente posterior, el Instituto Nacional de la Seguridad Social procederá a regularizar las cuantías a percibir por las personas beneficiarias con efectos al primero de enero de 2021, atendiendo al importe de la prestación autonómica que hayan venido percibiendo, haciéndose cargo en su caso del diferencial positivo correspondiente en el supuesto de que el importe de la prestación autonómica fuera inferior al que le correspondiere por la prestación reconocida del Ingreso Mínimo Vital.

En ese mismo periodo señalado en el párrafo anterior el Instituto Nacional de la Seguridad Social procederá a transferir a las comunidades autónomas los importes correspondientes a las prestaciones reconocidas y efectivamente abonadas por estas imputables al periodo temporal comprendido entre enero de 2021 y la fecha de inicio del pago directo del Ingreso Mínimo Vital por esta entidad gestora.

4. En el plazo máximo de seis meses, o cuando particularmente se solicite para la resolución de cualquier reclamación, las comunidades autónomas deberán remitir al Instituto Nacional de la Seguridad Social toda la documentación base para la certificación señalada en el apartado dos de la presente disposición.

En el supuesto de que se emitiese un certificado conformando la documentación y se reconociese una prestación que, posteriormente, fuera declarada indebida y no fuese posible recuperar el importe abonado, los perjuicios ocasionados serán a cargo de la comunidad autónoma certificadora.”

Conclusions

1. En relació amb la disposició transitòria primera, sobre les prestacions econòmiques transitòries fins al 31 de desembre de 2021, hi ha postures enfrentades:

  • el Grup socialista proposa mantenir, sense cap modificació, el text aprovat pel RDL 28/2020, de 22 de sembre, i per una altra banda, el Grup republicà i el PDeCAT proposen la supressió de tota la disposició transitòria.
  • Junts per CAT proposa la supressió només de l’apartat 10.
  • Tanmateix, el Grup republicà, després d’haver demanat la supressió de tota la disposició a l’esmena 402, en altres dues esmenes diferents demanen la modificació de l’apartat 10 (esmena 369) i de l’apartat 13 (esmena 403).

2. Hi ha esmenes amb propostes amb poc contingut innovador, com ara la núm. 266 (del Grup socialista) que se limita a suprimir un futur (“podrán presentar las solicitudes a partir del 15 de junio de 2020”) perquè ja no sentit en el cos d’una llei que s’aprovarà en el 2021, i altres com ara la núm. 268 (del mateix grup) tenen una redacció complicada plena de supòsits diferents, que dificulta la seva interpretació i aplicació.

3. La nova disposició transitòria novena proposada pel Grup socialista a ‘esmena 270 no té res a veure amb l’IMV. Sembla que el Gobierno estigui aprofitant la tramitació de la llei de l’IMV per colar matèries connexes amb la Seguretat Social, sense cap connexió amb la nova prestació social.

4. Les esmenes 45 i 68 d’En comú podem i la 431 del PNB (totes tres amb propostes molt semblants de facilitar l’accés automàtic a l’IMV de les persones que ja tinguin reconeguda una de les rendes mínimes autonòmiques) són dignes de ser tingudes en compte, en la mesura que busquen la manera de reduir la burocràcia actual mitjançant el reconeixement d’ofici de l’IMV a aquelles persones que ja tenen reconeguda per una administració la seva situació de vulnerabilitat econòmica.

Tanmateix, també seria oportú modificar el projecte de llei en el sentit que els requisits i les condicions del nou IMV encaixin amb els requisits i les condicions actuals de les rendes mínimes autonòmiques per tal de facilitar la complementarietat dels dos tipus de prestacions estatl i autonòmica. És irracional, i per tant constitucionalment rebutjable, que una mateixa persona en situació de pobresa severa accedeixi a una de les prestacions, l’estatal o l’autonòmica, i vegi que no reuneix les condicions i els requisits per accedir a l’altre, com si una mateixa situació de pobresa pugués produir resultats administratius diferents i contraris en la distribució justa de les prestacions socials públiques. No es pot entendre, per tant, que les barreres que limiten l’accès a les dues prestacions estatal i autonòmica siguin tant diferents com per ptovocar efectes contradictoris.

5. L’esmena 430 (del PNB) millora el text del projecte de Llei en relació amb el paper que han de tenir les Entitats del Tercer Sector Social.

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Esmenes parlamentàries al projecte de Llei per la qual s’estableix l’ingrés mínim vital. Disposicions addicionals

1. Esmenes a les 5 disposicions addicionals del projecte

S’han presentat molt poques esmenes a les disposicions addicionals del projecte de Llei:

1.1 Disposición adicional primera.

Colaboración de las empresas al tránsito de los beneficiarios del ingreso mínimo vital a la participación activa en la sociedad.

L’esmena 400 (delGrup republicà) proposa l’addició d’un nou paràgraf a la DA 1a.

«Lo dispuesto en el apartado primero es sin perjuicio de las competencias que ostenten las comunidades autónomas que gestionen y resuelvan el ingreso mínimo vital, en virtud de los convenios a que hace referencia la disposición adicional cuarta.»

L’esmena 123 (de Junts per CAT) proposa la supressió de la disposició addicional primera.

1.2 Disposición adicional cuarta.

Fórmulas de gestión.

L’esmena 401 (del Grup republicà) proposa la següent modificació de la DA quarta:

«Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 22 y de los mecanismos de colaboración a los que se refiere el artículo 31 de este real decreto ley, la competencia de gestión, resolución y control de la prestación del ingreso mínimo corresponderá a las comunidades autónomas, en los términos que se determinen en los correspondientes convenios de colaboración que se celebren entre el Gobierno y dichas Comunidades Autónomas, que deberán también determinar la financiación y los medios necesarios a traspasar para poder realizar la gestión correspondiente. Dichos convenios también pueden determinar otras fórmulas de gestión de la prestación del ingreso mínimo vital.»

L’esmena 124 (de Junts per CAT) proposa la següent modificació de la DA 4a., per limitar el seu contingut a les comunitats autònomes que no tinguin competències en aquesta matèria:

«Disposición adicional cuarta. Fórmulas de gestión.

Sin perjuicio de los mecanismos de colaboración a los que se refiere el artículo 31 de este real decreto-ley, el Gobierno estudiará a partir de 2021 la celebración de convenios con las comunidades autónomas que no ostenten las competencias que contemplen fórmulas de gestión de la prestación del ingreso mínimo vital.»

2. Noves disposicions addicionals proposades pels grups parlamentaris

En canvi, diferents grups parlamentaris proposen que s’hi incloguin 10 noves disposicions addicionals:

Esmena 259 (grup socialista) addició Dispos. Add. 6a (nova)

“Disposición adicional sexta. Habilitación al titular de la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad social.

Por resolución del titular de la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que habrá de publicarse en el Boletín Oficial del Estado, se aprobarán los modelos normalizados que deberán cumplimentar, en todo caso, los Servicios Sociales y las Entidades del Tercer Sector de Acción Social que se refiere la Disposición transitoria octava, para certificar el cumplimiento de los requisitos previstos en los apartados 9 y 10 del artículo 19 de la presente Ley.”

Esmena 260 (grup socialista) addició Dispos. add. 7a. (nova)

“Disposición adicional séptima (nueva). Exención del pago de precios públicos por servicios académicos universitarios.

Los beneficiarios del ingreso mínimo vital a quienes se reconozca dicha condición estarán exentos del pago de los precios públicos por servicios académicos universitarios para la realización de estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial.”

Esmena 261 (grup socialista) addició Dispos. Add. 8a (nova)

Disposición adicional octava (nueva). Exención del pago de precios públicos por expedición del Documento Nacional de Identidad a menores de 14 años.

Los beneficiarios de la prestación del ingreso mínimo vital, menores de 14 años, estarán eximidos del pago de las tasas de expedición y renovación del Documento Nacional de Identidad.”

Esmena 262 (grup socialista) addició Dispos. Add. 9a (nova)

“Disposición adicional novena (nueva). Procedimiento especial de reintegro de renta mínima autonómica indebidamente percibida con motivo del reconocimiento de la prestación económica de ingreso mínimo vital.

1. Cuando la Comunidad Autónoma hubiera hecho uso del mecanismo de colaboración previsto en el párrafo segundo del artículo 22.2 o en el artículo 29.2 de la presente Ley, el reintegro de la renta mínima autonómica que hubiere sido declarada indebidamente percibida con motivo del reconocimiento de la prestación económica de ingreso mínimo vital, se llevará a cabo mediante el procedimiento especial establecido en la presente disposición adicional, siempre que la normativa de la correspondiente comunidad autónoma lo haya previsto expresamente como una de las formas de apremio sobre el patrimonio del deudor y así se haya comunicado a la entidad gestora.

En el procedimiento especial de reintegro previsto en la presente disposición adicional, la entidad gestora actuará como mera colaboradora en la recaudación de la renta mínima indebidamente percibida, por lo que el acto de recaudación se entenderá realizado, a todos los efectos, por el órgano ordenante de la ejecución.

2. En aplicación de este procedimiento especial, sobre la prestación de ingreso mínimo vital la entidad gestora retendrá la cuantía que hubiere sido indebidamente percibida por el beneficiario durante el mismo periodo en concepto de renta mínima autonómica, siempre que concurran las siguientes circunstancias:

a) Que los miembros de la unidad de convivencia de los perceptores de la renta mínima autonómica sean coincidentes con los miembros de la unidad de convivencia del ingreso mínimo vital y hubieren autorizado de forma irrevocable la aplicación del presente procedimiento con los efectos previstos en el apartado 7.

b) Que el carácter indebido de la percepción traiga causa del reconocimiento de la prestación de ingreso mínimo vital.

c) Que no exista un procedimiento ejecutivo, administrativo o judicial, que sea preferente sobre el crédito de la Comunidad Autónoma.

d) La resolución administrativa que declare la percepción indebida y la obligación de reintegro haya alcanzado firmeza y no ha sido objeto de impugnación judicial.

3. En la resolución de reconocimiento del ingreso mínimo vital se hará constar expresamente que la persona beneficiaría es a su vez beneficiaría de renta mínima autonómica, así como la suspensión del pago del ingreso mínimo vital devengado desde la fecha de efectos económicos hasta el mes en que se dicte la citada resolución en tanto se determina el importe de la renta mínima autonómica indebidamente percibida que haya de ser objeto de retención.

La resolución mencionada en el párrafo anterior se comunicará a la comunidad autónoma a través del protocolo informático establecido al efecto, con el objeto de que por el mismo medio y en el plazo de los cinco días siguientes al de su recepción, la comunidad autónoma comunique a la entidad gestora que se acreditan los requisitos previstos en las letras a) y b) del apartado 2 y que se ha iniciado el procedimiento de reintegro de la renta mínima autonómica indebidamente percibida.

En el supuesto de que transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior no se hubiera recibido la correspondiente comunicación de la comunidad autónoma, no será de aplicación en ningún caso el presente procedimiento para el reintegro de la renta mínima autonómica, y la entidad gestora procederá al pago del ingreso mínimo vital hasta el momento suspendido.

Asimismo, la comunidad autónoma comunicará a la entidad gestora, por el protocolo informático establecido al efecto, el requisito previsto en las letras c) y d) del apartado 2, el título ejecutivo y la orden del órgano que inste la ejecución para que la entidad gestora proceda a practicar la retención por el importe que a tal efecto se comunique.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social procederá al pago del importe de la prestación de ingreso mínimo vital que resulte una vez practicada la retención de la cuantía comunicada por la Comunidad Autónoma. La cuantía objeto de retención será ingresada a favor de la Comunidad Autónoma.

En ningún caso la retención podrá practicarse sobre importes del ingreso mínimo vital devengados a partir del mes en que se hubiera dictado la resolución de reconocimiento de dicha prestación.

4. La retención prevista en el presente artículo alcanzará exclusivamente al principal de la deuda.

5. La entidad gestora procederá a ingresar a favor de la comunidad autónoma el importe retenido, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 6.

6. Si como consecuencia de la interposición del recurso extraordinario de revisión o por resolución judicial firme se procediera a la posterior modificación o revisión a favor del beneficiario, o la anulación de la resolución definitiva que declare indebidamente percibida la renta mínima autonómica y la obligación de reintegro, deberá ser ejecutada por la Comunidad Autónoma en sus propios términos, sin que pueda afectar a la retención practicada por la entidad gestora.

7. La posterior modificación, revisión, o anulación, en vía administrativa o judicial, de la resolución definitiva de reconocimiento del ingreso mínimo vital que dé lugar al reintegro de prestaciones indebidamente percibidas, cuando sobre el importe del ingreso mínimo vital se hubiere aplicado la retención prevista en el presente artículo, dará lugar a la obligación de la comunidad autónoma de reintegrar al Instituto Nacional de la Seguridad Social los importes que hubieren sido objeto de retención con los intereses que correspondan, sin perjuicio de la regularización que aquella haya de efectuar en relación con la renta mínima autonómica. A tal efecto el Instituto Nacional de la Seguridad Social comunicará a la comunidad autónoma la modificación, revisión o anulación de la resolución de ingreso mínimo vital a través del protocolo informático establecido al efecto.

8. La autorización por parte de los interesados, de forma irrevocable, a la aplicación del procedimiento de reintegro previsto en este artículo conllevará aparejada la renuncia al abono de los intereses previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.»

Esmena 263 (grup socialista) addició Dispos. Add. 10a. (nova)

“Disposición adicional décima (nueva). Financiación estatal de los gastos imputables a la gestión del Régimen de Clases Pasivas.

El Estado transferirá a la Seguridad Social el importe necesario para la financiación de la totalidad del gasto en que incurran el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, la Intervención General de la Seguridad Social, la Gerencia de Informática de la Seguridad Social y el Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social por la gestión del Régimen de Clases Pasivas del Estado.”

Esmena 264 (grup socialista) addició Dispos. Add. 11a (nova)

“Disposición adicional undécima (nueva). Gestión por la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de determinadas prestaciones públicas.

Con entrada en vigor en la fecha que se determine en la modificación de los reales decretos por los que se desarrolla la estructura orgánica básica de los Ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de Derechos Sociales y Agenda 2030, la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales asumirá las siguientes competencias en las prestaciones reguladas en las normas que a continuación se relacionan, sin perjuicio de la competencia que corresponda a otros órganos de la administración en la realización de trámites necesarios para la debida gestión de estas prestaciones:

1. Las contempladas en el título II del Real Decreto 851/1992, de 10 de julio, por el que se regulan determinadas pensiones extraordinarias causadas por actos de terrorismo.

2. El reconocimiento de obligación y propuesta de pago de las prestaciones recogidas en los párrafos del artículo 7.1.b) del Real Decreto-ley 9/1993, de 28 de mayo, por el que se conceden ayudas a los afectados por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) como consecuencia de actuaciones realizadas en el sistema sanitario público.

3. La gestión de las prestaciones contempladas en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.

4. La gestión de las prestaciones reguladas en el Real Decreto 1618/2007, de 7 de diciembre, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos.

5. La gestión de las prestaciones reguladas en la Ley 5/1979, de 18 de septiembre, sobre reconocimiento de pensiones, asistencia médico-farmacéutica y asistencia social en favor de las viudas, y demás familiares de los españoles fallecidos como consecuencia o con ocasión de la pasada guerra civil.

6. La gestión de las prestaciones reguladas en la Ley 35/1980, de 26 de junio, sobre pensiones a los mutilados excombatientes de la zona republicana.

7. La gestión de las prestaciones reguladas en la Ley 37/1984, de 22 de octubre, de reconocimiento de derechos y servicios prestados a quienes durante la guerra civil formaron parte de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden Público y Cuerpo de Carabineros de la República.

8. La gestión de las prestaciones reguladas en el Decreto 670/1976, de 5 de marzo, por el que se regulan pensiones a favor de los españoles que habiendo sufrido mutilación a causa de la pasada contienda no puedan integrarse en el Cuerpo de Caballeros Mutilados de Guerra por la Patria.

9. La gestión de las prestaciones reguladas en la Ley 6/1982, de 29 de marzo, de pensiones a los mutilados civiles de guerra.

10. El reconocimiento de obligación y propuesta de pago de las pensiones cuya propuesta de pago viene realizando, hasta la fecha de entrada en vigor de esta norma, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social con cargo a la sección 07.»

Esmena 399 (Grup republicà) addició nova disposició addicional

«Disposición adicional X. Estrategias de Inclusión de las personas beneficiarías del Ingreso Mínimo Vital.

En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente Ley, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de sus competencias, promoverá y financiará estrategias de inclusión social para todas las personas beneficiarías del ingreso mínimo vital, que recibirán con carácter inmediato a su consideración como beneficiarías una propuesta de Itinerario de Inclusión que promueva la remoción de los obstáculos sociales o laborales que dificultan el pleno ejercicio de sus derechos, acompañada de ofertas de participación en medidas que mejoren la situación social, laboral, educativa y formativa, articuladas a través de distintas fórmulas de cooperación entre administraciones, tal y como se recoge en el artículo 3 d).»

Esmena 114 (PDeCAT) addició nova DA

«Disposición adicional (nueva). Aplicación en Catalunya.

La comunidad autónoma de Catalunya asumirá con referencia a su ámbito territorial, las funciones y servicios correspondientes que en este real decreto-ley se atribuyen al Instituto Nacional de la Seguridad Social en relación con la prestación económica no contributiva de la Seguridad Social del ingreso mínimo vital en los términos que se acuerde antes del 31 de octubre de 2021.

En tanto no se produzca la asunción de las funciones y servicios a que hace referencia el párrafo anterior, se acordará mediante convenio a suscribir entre los órganos competentes del Estado y de la comunidad autónoma de Catalunya, una encomienda de gestión para realizar las actuaciones que se prevean en el mismo en relación con la prestación económica del ingreso mínimo vital y que permitan la atención integral de sus beneficiarios en Catalunya.»

Esmena 125 (Junts per CAT) addició nova DA

«Disposición adicional (nueva). Dotación presupuestaria.

El Estado deberá traspasar a las comunidades autónomas competentes en la materia los recursos económicos necesarios para desplegar los mecanismos necesarios para dar cumplimiento a todo aquello que se contempla en la presente ley y sucesivos despliegues reglamentarios que puedan sucederse.»

Conclusions

1. Sorprenentment, es proposa la inclusió d’una nova disposició addicional per regular el certificat que es preveu a la disposició transitòria octava, sobre la col·laboració de les entitats del Tercer Sector en l’acreditació d’alguns requisits. Millor hauria estat afegir la novetat a la pròpia disposició transitòria, modificant-la en aquest sentit.

Tanmateix, el contingut d’aquesta nova disposició addicional sisena (fixar l’òrgan únic competent per aprovar uns simples models normalitzats de certificats dels serveis socials i de les entitats del Tercer Sector) no mereix considerar-se matèria de llei i aquest model, com tant d’altres, podrien ser aprovats per les entitats gestores corresponents.  De fet, no hi ha cap necessitat que aquest model de certificat sigui el mateix a tot l’Estat, és un signe més de la tendència uniformitzadora de la gestió dels ajuts socials estatals.

2. Les propostes de disposicions addicionals setena i octava afegeixen dues millores econòmiques als beneficiaris de l’IMV: l’exempció del pagament dels preus públics per serveis acadèmics universitaris per a l’obtenció de títols oficials, i per als menors de 14 anys l’exempció del pagament de les taxes d’expedició i renovació del DNI. Realment, davant la realitat que els llindars econòmics de l’IMV no arriben als de la pobresa severa, millor hauria estat incrementar les quanties de la prestació per apropar-les al criteri europeu del 50% de la mitjana dels ingressos.

3. La nova disposició addicional novena proposada pel Grup socialista regula, de forma detalladíssima, el procediment especial de reintegrament de renda mínima autonòmica indegudament percebuda amb motiu del reconeixement de la prestació econòmica d’IMV.

Aquesta disposició autoritza la Seguretat Social a actuar sobre el patrimonio del deutor, sempre que la normativa autonòmica hagi previst expressament aquesta com a una de les formes d’apremi i la comunitat autònoma hagi fet ús del mecanisme de col·laboració previst a la llei.

Malgrat que, explícitament, es diu que “l’entitat gestora actuarà com a mera col·laboradora en la recaudació de la renda mínima indegudament percebuda”, el paper de la Seguretat Social pot entendre’s que interfereix en les competències autonòmiques de gestió de les seves rendes mínimes, malgrat també es digui que “l’acte de recaudació s’entendrà realitzat, a tots els efectes, per l’òrgan ordenant de l’execució”.

Destaco a continuació algunes de les previsions d’aquesta disposició addicional nova que mostren, una vegada més, la subordinació de la comunitat autònoma que accepti aquest procediment especial, en relació amb l’actuació de l’Estat que intervé directament en l’execució d’una prestació social autonòmica:

  • “La entidad gestora retendrá la cuantía que hubiere sido indebidamente percibida por el beneficiario durante el mismo periodo en concepto de renta mínima autonómica” (apartat 2)
  • “En la resolución de reconocimiento del ingreso mínimo vital se hará constar expresamente que la persona beneficiaría es a su vez beneficiaría de renta mínima autonómica” (apartat 3)
  • “El Instituto Nacional de la Seguridad Social procederá al pago del importe de la prestación de ingreso mínimo vital que resulte una vez practicada la retención de la cuantía comunicada por la Comunidad Autónoma.” (apartat 3)
  • “Dará lugar a la obligación de la comunidad autónoma de reintegrar al Instituto Nacional de la Seguridad Social los importes que hubieren sido objeto de retención con los intereses que correspondan (…)” (apartat 7)

4. Les noves disposicions addicionals desena i onzena, proposades pel Grup socialista, no tenen cap relació amb l’IMV.

5. L’esmena 399 (del Grup republicà) proposa afegir una altra disposició addicional, sobre les estratègies d’inclusió social de les persones beneficiàries de l’IMV. Millor que proposar una nova disposició addicional, hauria estat demanar una modificació d’algun dels articles o disposicions que regulen al text de la llei la inclusió social, com ara l’art. 28 o la disposició addicional primera.

6. L’esmena 114 (del PDeCAT) proposa, en una nova disposició addicional, que Catalunya assumeixi les funcions i serveis corresponents que s’atribueixen a l’INSS, en relació amb l’IMV.

7. Finalment, l’esmena 125 (de Junts per CAT) reclama la transferència a les CCAA dels recursos econòmics necessaris per donar compliment a aquesta llei.

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Esmenes parlamentàries al projecte de Llei per la qual s’estableix l’ingrés mínim vital. Articles 32-37

CAPÍTULO VI Régimen de financiación (art. 32)

Projecte de llei (text inicial publicat al BOCG, amb les modificacions dels RDL posteriors al 20/2020)Esmenes parlamentàries
Artículo 32. Financiación. 1. El ingreso mínimo vital, como prestación no contributiva de la Seguridad Social, se financiará de conformidad con lo previsto en el artículo 109 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.Esmena 65 (Sr. Errejón) modificació art. 32 «Artículo 32. Financiación. 1. La prestación económica del ingreso mínimo vital se financia a cargo del presupuesto general del Estado. Para asegurar la cobertura suficiente de la prestación, los créditos tienen el carácter de ampliables, de acuerdo con la legislación vigente.»

Anàlisi i comentaris a l’article 32

Realment, és molt més clara la proposta de l’esmena 65 (del Sr. Errejón) que el text del projecte de Llei, que remet a l’article 109 del Real decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre:

“2. La acción protectora de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva y universal, se financiará mediante aportaciones del Estado al Presupuesto de la Seguridad Social, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10.3, primer inciso, en relación con la letra c) del apartado 2 del mismo artículo, con excepción de las prestaciones y servicios de asistencia sanitaria de la Seguridad Social y servicios sociales cuya gestión se halle transferida a las comunidades autónomas, en cuyo caso, la financiación se efectuará de conformidad con el sistema de financiación autonómica vigente en cada momento.”

CAPÍTULO VII Régimen de obligaciones (art. 33 i 33 bis)

Projecte de llei (text inicial publicat al BOCG, amb les modificacions dels RDL posteriors al 20/2020)Esmenes parlamentàries
  «Artículo 33. Obligaciones de las personas beneficiarias. (1) 1. Las personas titulares del ingreso mínimo vital estarán sujetas durante el tiempo de percepción de la prestación a las siguientes obligaciones: a) Proporcionar la documentación e información precisa en orden a la acreditación de los requisitos y la conservación de la prestación, así como para garantizar la recepción de notificaciones y comunicaciones. b) Comunicar cualquier cambio o situación que pudiera dar lugar a la modificación, suspensión o extinción de la prestación, en el plazo de treinta días naturales desde que estos se produzcan. c) Comunicar cualquier cambio de domicilio o de situación en el Padrón municipal que afecte personalmente a dichos titulares o a cualquier otro miembro que forme parte de la unidad de convivencia, en el plazo de treinta días naturales desde que se produzcan. d) Reintegrar el importe de las prestaciones indebidamente percibidas. e) Comunicar a la entidad gestora, con carácter previo, las salidas al extranjero, tanto del titular como de los miembros de la unidad de convivencia, por un período, continuado o no, superior a noventa días naturales durante cada año natural, así como, en su caso, justificar la ausencia del territorio español de conformidad con lo previsto en el último párrafo del artículo 7.1.a). f) Presentar anualmente declaración correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. g) Si no están trabajando y son personas mayores de edad o menores emancipadas, acreditar, dentro de los seis meses siguientes a la notificación de la resolución por la que se concede la prestación, que figuran inscritas como demandantes de empleo, salvo en los siguientes supuestos: 1.º Estar cursando estudios reglados y ser menor de 28 años. En su caso, el plazo de seis meses para acreditar la inscripción como demandante de empleo se iniciará en la fecha en que el beneficiario cumpla 28 años edad. 2.º Tener suscrito el convenio especial regulado en el Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en situación de dependencia. 3.º Estar percibiendo una pensión contributiva de incapacidad permanente en grado de absoluta o gran invalidez, una pensión de invalidez no contributiva o una pensión de jubilación contributiva o haber cumplido los 65 años de edad. 4.º Estar afectado por una discapacidad en un grado igual o superior al 65 por ciento. 5.º Tener reconocida una situación de dependencia, conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. La situación de demandante de empleo quedará acreditada con el documento expedido al efecto por la administración competente o mediante el acceso por parte de la entidad gestora a través de los medios electrónicos habilitados al efecto. h) En caso de compatibilizar la prestación del ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o la actividad económica conforme con lo previsto en el artículo 8.4, cumplir las condiciones establecidas para el acceso y mantenimiento de dicha compatibilidad. i) Participar en las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, previstas en el artículo 28.1, en los términos que se establezcan. j) Cualquier otra obligación que pueda establecerse reglamentariamente.Esmena 255 (Grup socialista) modificació art. 33   «Artículo 33. Obligaciones de las personas beneficiarias. 1. Las personas titulares del ingreso mínimo vital estarán sujetas durante el tiempo de percepción de la prestación a las siguientes obligaciones: a) Proporcionar la documentación e información precisa en orden a la acreditación de los requisitos y la conservación de la prestación, así como para garantizar la recepción de notificaciones y comunicaciones. b) Comunicar cualquier cambio o situación que pudiera dar lugar a la modificación, suspensión o extinción de la prestación, en el plazo de treinta días naturales desde que estos se produzcan. c) Comunicar cualquier cambio de domicilio o de situación en el Padrón municipal que afecte personalmente a dichos titulares o a cualquier otro miembro que forme parte de la unidad de convivencia, en el plazo de treinta días naturales desde que se produzcan. d) Reintegrar el importe de las prestaciones indebidamente percibidas. e) Comunicar a la entidad gestora, con carácter previo, las salidas al extranjero, tanto del titular como de los miembros de la unidad de convivencia, por un período, continuado o no, superior a noventa días naturales durante cada año natural, así como, en su caso, justificar la ausencia del territorio español de conformidad con lo previsto en el último párrafo del artículo 7.1.a). f) Presentar anualmente declaración correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. g) Si no están trabajando y son personas mayores de edad o menores emancipadas, acreditar, dentro de los seis meses siguientes a la notificación de la resolución por la que se concede la prestación, que figuran inscritas como demandantes de empleo, salvo en los siguientes supuestos: 1.º Estar cursando estudios reglados y ser menor de 28 años. En su caso, el plazo de seis meses para acreditar la inscripción como demandante de empleo se iniciará en la fecha en que el beneficiario cumpla 28 años edad. 2.º Tener suscrito el convenio especial regulado en el Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en situación de dependencia. 3.º Estar percibiendo una pensión contributiva de incapacidad permanente en grado de absoluta o gran invalidez, una pensión de invalidez no contributiva o una pensión de jubilación contributiva o haber cumplido los 65 años de edad. 4.º Estar afectado por una discapacidad en un grado igual o superior al 65 por ciento. 5.º Tener reconocida una situación de dependencia, conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. La situación de demandante de empleo quedará acreditada con el documento expedido al efecto por la administración competente o mediante el acceso por parte de la entidad gestora a través de los medios electrónicos habilitados al efecto. h) En caso de compatibilizar la prestación del ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o la actividad económica conforme con lo previsto en el artículo 8.4, cumplir las condiciones establecidas para el acceso y mantenimiento de dicha compatibilidad. i) Participar en las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, previstas en el artículo 28.1, en los términos que se establezcan. j) Cualquier otra obligación que pueda establecerse reglamentariamente.
 Esmena 108 (PDeCAT) modificació art. 33.1.f ). Es refereix al subapartat g) […] f) Si no están trabajando y son mayores de edad o menores emancipados, figurar inscritas como demandantes de empleo, y participar activamente en las acciones para la mejora de su empleabilidad y de búsqueda activa de empleo que se determinen en el itinerario individual y personalizado de empleo previsto en el artículo 29 del Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo, salvo en los supuestos que se determinen reglamentariamente.» […] Esmena 71 (En comú podem) supressió del subapartat 33.1.e) Eliminar la obligación de presentar declaración de renta. Esmena 428 (PNB) modificació art. 33.1.i) Al artículo 33.3.i) De modificación. «i) Cumplir, en el marco de las estrategias de inclusión previstas en el artículo 28.1, las actuaciones orientadas a la inclusión social que deban ser atendidas, a través de las Comunidades Autónomas, por los sistemas de servicios sociales, vivienda, sanidad o educación de las mismas.»
2. Las personas integrantes de la unidad de convivencia estarán obligadas a: a) Comunicar el fallecimiento del titular. b) Poner en conocimiento de la administración cualquier hecho que distorsione el fin de la prestación otorgada. c) Presentar anualmente declaración correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. d) Cumplir las obligaciones que el apartado anterior impone al titular y este, cualquiera que sea el motivo, no lleva a cabo. e) Si no están trabajando y son mayores de edad o menores emancipados, acreditar, dentro de los seis meses siguientes a la notificación de la resolución por la que se concede la prestación, que figuran inscritas como demandantes de empleo, con las mismas salvedades y modo de acreditación que las señaladas en el apartado anterior para las personas titulares. f) En caso de compatibilizar la prestación del ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o la actividad económica conforme con lo previsto en el artículo 8.4, cumplir las condiciones establecidas para el acceso y mantenimiento de dicha compatibilidad. g) Participar en las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, previstas en el artículo 28.1, en los términos que se establezcan. h) Cumplir cualquier otra obligación que pueda establecerse reglamentariamente.»2. Las personas integrantes de la unidad de convivencia estarán obligadas a: a) Comunicar el fallecimiento del titular. b) Poner en conocimiento de la administración cualquier hecho que distorsione el fin de la prestación otorgada. c) Presentar anualmente declaración correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. d) Cumplir las obligaciones que el apartado anterior impone al titular y este, cualquiera que sea el motivo, no lleva a cabo. e) Si no están trabajando y son mayores de edad o menores emancipados, acreditar, dentro de los seis meses siguientes a la notificación de la resolución por la que se concede la prestación, que figuran inscritas como demandantes de empleo, con las mismas salvedades y modo de acreditación que las señaladas en el apartado anterior para las personas titulares. f) En caso de compatibilizar la prestación del ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o la actividad económica conforme con lo previsto en el artículo 8.4, cumplir las condiciones establecidas para el acceso y mantenimiento de dicha compatibilidad. g) Participar en las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, previstas en el artículo 28.1, en los términos que se establezcan. h) Cumplir cualquier otra obligación que pueda establecerse reglamentariamente.»
  «Artículo 33 bis. Obligación del Ayuntamiento de comunicar los cambios en el Padrón. (2) En el supuesto de personas sin domicilio empadronadas al amparo de lo previsto en las correspondientes instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal, el Ayuntamiento en cuyo municipio se encuentren empadronados están obligados a comunicar al Instituto Nacional de la Seguridad Social la modificación o, en su caso, baja en el Padrón, dentro del plazo de los treinta días siguientes a que se produzcan.»Esmena 256 (Grup socialista) addició art. 33 bis nou «Artículo 33 bis. Obligación del Ayuntamiento de comunicar los cambios en el Padrón. En el supuesto de personas sin domicilio empadronadas al amparo de lo previsto en las correspondientes instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal, el Ayuntamiento en cuyo municipio se encuentren empadronados están obligados a comunicar al Instituto Nacional de la Seguridad Social la modificación o, en su caso, baja en el Padrón, dentro del plazo de los treinta días siguientes a que se produzcan.»

(1) Aquest article 33 va ser modificat per la disposició final onzena del RDL 28/2020, de 22 de setembre

(2) Aquest article 33 bis va ser afegit per l’article 3, apartat Tretze del RDL 3/2021, de 2 de febrer

Anàlisi i comentaris als articles 33 i 33 bis

L’esmena 255 (del Grup socialista) reprodueix, sense cap millora, el mateix text de l’art. 33 que havia estat modificat per la disposició final onzena del RDL 28/2020, de 22 de setembre.

L’esmena 108 (del PDeCAT) proposa la modificació del subapartat 33.1.f) afegint l’obligació de “participar activament en les accions per a la millora de la seva ocupabilitat i de cerca activa d’ocupació”. L’esmena 428 (del PNB) proposa, de forma semblant, l’obligació de complir les actuacions orientades a la inclusió social.

L’esmena 71 (del Grup En comú podem) proposa la supressió del subapartat 33.1.e), per eliminar l’obligació de presentar declaració de renda.

L’esmena 256 (del Grup socialista) reprodueix el mateix text de l’article 33 bis, sobre l’obligació de l’ajuntament de comunicar els canvis en el padró, que havia estat afegit per l’article 3, apartat Tretze del RDL 3/2021, de 2 de febrer.

CAPÍTULO VIII Infracciones y sanciones (art. 34-36)

Projecte de llei (text inicial publicat al BOCG, amb les modificacions dels RDL posteriors al 20/2020)Esmenes parlamentàries
Artículo 34. Infracciones y sujetos responsables. 1. Las infracciones son consideradas, según su naturaleza, como leves, graves y muy graves. 
2. Son infracciones leves, no proporcionar la documentación e información precisa en orden a la acreditación de los requisitos y la conservación de la prestación, así como para garantizar la recepción de notificaciones y comunicaciones, cuando de ello no se haya derivado la percepción o conservación indebida de la prestación. 
(1) «3. Son infracciones graves: a) No proporcionar la documentación e información precisa en orden a la acreditación de los requisitos y la conservación de la prestación, así como para garantizar la recepción de notificaciones y comunicaciones, cuando de ello se hubiera derivado una percepción indebida, en cuantía mensual, inferior o igual al 50 por ciento de la que le correspondería. b) No comunicar cualquier cambio o situación que pudiera dar lugar a la modificación, suspensión o extinción de la prestación, en el plazo de treinta días desde que estos se produzcan, cuando de ello se hubiera derivado una percepción indebida, en cuantía mensual, inferior o igual al 50 por ciento de la que le correspondería. c) La comisión de una tercera infracción leve, siempre que en un plazo de un año anterior hubiera sido sancionado por dos faltas leves del mismo tipo. d) El incumplimiento de la obligación de participar en las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en los términos que se establezcan. e) El incumplimiento de las condiciones asociadas a la compatibilidad de la prestación del ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o la actividad económica conforme con lo previsto en el artículo 8.4.»Esmena 257 (Grup socialista) modificació art. 34.3 b) i c)   «3. Son infracciones graves: a) No proporcionar la documentación e información precisa en orden a la acreditación de los requisitos y la conservación de la prestación, así como para garantizar la recepción de notificaciones y comunicaciones, cuando de ello se hubiera derivado una percepción indebida, en cuantía mensual, inferior o igual al 50 por ciento de la que le correspondería. b) No comunicar cualquier cambio o situación que pudiera dar lugar a la modificación, suspensión o extinción de la prestación, en el plazo de treinta días desde que estos se produzcan, cuando de ello se hubiera derivado una percepción indebida, en cuantía mensual, inferior o igual al 50 por ciento de la que le correspondería. c) La comisión de una tercera infracción leve, siempre que en un plazo de un año anterior hubiera sido sancionado por dos faltas leves del mismo tipo. d) El incumplimiento de la obligación de participar en las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en los términos que se establezcan. e) El incumplimiento de las condiciones asociadas a la compatibilidad de la prestación del ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o la actividad económica conforme con lo previsto en el artículo 8.4.»
 Esmena 429 (PNB) modificació art. 34.3 i 4 De modificación. «3. Son infracciones graves: […] d) Incumplimiento de la obligación de cumplir las actuaciones orientadas a la inclusión social establecida en el artículo 33.1.i).
4. Son infracciones muy graves: a) No proporcionar la documentación e información precisa en orden a la acreditación de los requisitos y la conservación de la prestación, así como para garantizar la recepción de notificaciones y comunicaciones, cuando de ello se hubiera derivado una percepción indebida, en cuantía mensual, superior al 50 por ciento de la que le correspondería. b) No comunicar cualquier cambio o situación que pudiera dar lugar a la modificación, suspensión o extinción de la prestación, en el plazo de treinta días desde que estos se produzcan, cuando de ello se hubiera derivado una percepción indebida, en cuantía mensual, superior al 50 por ciento de la que le correspondería. c) El desplazamiento al extranjero, por tiempo superior a noventa días al año, sin haber comunicado ni justificado al Instituto Nacional de la Seguridad Social con carácter previo su salida de España. d) Actuar fraudulentamente con el fin de obtener prestaciones indebidas o superiores a las que correspondan o prolongar indebidamente su disfrute, mediante la aportación de datos o documentos falsos. e) La comisión de una tercera infracción grave siempre que en un plazo de un año anterior hubiera sido sancionado por dos faltas graves del mismo tipo. f) El incumplimiento reiterado de la obligación de participar en las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en los términos que se establezcan. g) El incumplimiento reiterado de las condiciones asociadas a la compatibilidad de la prestación del ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o la actividad económica conforme con lo previsto en el artículo 8.4.                            Esmena 429 (PNB) modificació art. 34.3 i 4 De modificación. 4. Son infracciones muy graves: […] f) El incumplimiento reiterado de la obligación de cumplir las actuaciones orientadas a la inclusión social establecida en el art. 33.1.i).»
5. Serán responsables de las infracciones tipificadas en este artículo los beneficiarios de la prestación, los miembros de la unidad de convivencia y aquellas personas que hubiesen cooperado en su comisión mediante una actuación activa u omisiva sin la cual la infracción no se hubiera cometido. La concurrencia de varias personas responsables en la comisión de una infracción determinará que queden solidariamente obligadas frente a la administración al reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas. 
  “Artículo 35. Sanciones. (2) 1. Las sanciones por las infracciones tipificadas en el artículo anterior podrán imponerse en los grados de mínimo, medio y máximo. La imposición de sanciones tendrá en cuenta la graduación de estas considerando, a tal fin, la culpabilidad, negligencia e intencionalidad de la persona infractora, así como la cuantía económica de la prestación económica indebidamente percibida.Esmena 258 (Grup socialista) modificació art. 35 “Artículo 35. Sanciones. 1. Las sanciones por las infracciones tipificadas en el artículo anterior podrán imponerse en los grados de mínimo, medio y máximo. La imposición de sanciones tendrá en cuenta la graduación de estas considerando, a tal fin, la culpabilidad, negligencia e intencionalidad de la persona infractora, así como la cuantía económica de la prestación económica indebidamente percibida.
2. Las infracciones leves serán sancionadas con el apercibimiento de la persona infractora.2. Las infracciones leves serán sancionadas con el apercibimiento de la persona infractora.
3. Las infracciones graves se sancionarán con la pérdida de la prestación por un periodo de hasta tres meses. Las infracciones graves se sancionarán en su grado mínimo con la pérdida de la prestación por un periodo de un mes, en su grado medio de dos meses y en su grado máximo de tres meses. Cuando las infracciones diesen lugar a la extinción del derecho, la sanción consistirá en el deber de ingresar tres mensualidades de la prestación.3. Las infracciones graves se sancionarán con la pérdida de la prestación por un periodo de hasta tres meses. Las infracciones graves se sancionarán en su grado mínimo con la pérdida de la prestación por un periodo de un mes, en su grado medio de dos meses y en su grado máximo de tres meses. Cuando las infracciones diesen lugar a la extinción del derecho, la sanción consistirá en el deber de ingresar tres mensualidades de la prestación.
4. Las infracciones muy graves se sancionarán con la pérdida de la prestación por un periodo de hasta seis meses. Las infracciones muy graves se sancionarán en su grado mínimo con la pérdida de la prestación por un periodo de cuatro meses, en su grado medio de cinco meses y en su grado máximo de seis meses. Cuando las infracciones diesen lugar a la extinción del derecho, la sanción consistirá en el deber de ingresar seis mensualidades de la prestación. Cuando la infracción sea la prevista en el apartado 4.c) del artículo anterior, además de devolver el importe de la prestación indebidamente percibida durante el tiempo de estancia en el extranjero, los beneficiarios no podrán solicitar una nueva prestación durante un periodo de seis meses, a contar desde la fecha de la resolución por la que se imponga la sanción.4. Las infracciones muy graves se sancionarán con la pérdida de la prestación por un periodo de hasta seis meses. Las infracciones muy graves se sancionarán en su grado mínimo con la pérdida de la prestación por un periodo de cuatro meses, en su grado medio de cinco meses y en su grado máximo de seis meses. Cuando las infracciones diesen lugar a la extinción del derecho, la sanción consistirá en el deber de ingresar seis mensualidades de la prestación. Cuando la infracción sea la prevista en el apartado 4.c) del artículo anterior, además de devolver el importe de la prestación indebidamente percibida durante el tiempo de estancia en el extranjero, los beneficiarios no podrán solicitar una nueva prestación durante un periodo de seis meses, a contar desde la fecha de la resolución por la que se imponga la sanción.  
5. Si dentro de las infracciones graves o muy graves, concurriese alguna de las siguientes actuaciones por parte de cualquier persona beneficiaria del ingreso mínimo vital: a) El falseamiento en la declaración de ingresos o patrimonio. b) La ocultación fraudulenta de cambios sustanciales que pudieran dar lugar a la modificación, suspensión o extinción de la prestación. c) Cualquier otra actuación o situación fraudulenta que de lugar al acceso indebido a la prestación, mantenimiento indebido del derecho a la prestación o aumento indebido de su importe. Además de la correspondiente sanción y obligación de reintegro de las cantidades indebidamente percibidas, y sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles y administrativas a que hubiere lugar, el Instituto Nacional de la Seguridad Social podrá decretar la extinción del derecho, así como la imposibilidad de que el sujeto infractor pueda resultar persona beneficiaria en los términos de esta norma por un periodo de dos años.5. Si dentro de las infracciones graves o muy graves, concurriese alguna de las siguientes actuaciones por parte de cualquier persona beneficiaria del ingreso mínimo vital: a) El falseamiento en la declaración de ingresos o patrimonio. b) La ocultación fraudulenta de cambios sustanciales que pudieran dar lugar a la modificación, suspensión o extinción de la prestación. c) Cualquier otra actuación o situación fraudulenta que de lugar al acceso indebido a la prestación, mantenimiento indebido del derecho a la prestación o aumento indebido de su importe. Además de la correspondiente sanción y obligación de reintegro de las cantidades indebidamente percibidas, y sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles y administrativas a que hubiere lugar, el Instituto Nacional de la Seguridad Social podrá decretar la extinción del derecho, así como la imposibilidad de que el sujeto infractor pueda resultar persona beneficiaria en los términos de esta norma por un periodo de dos años.
6. Cuando el sujeto infractor haya sido sancionado por infracción muy grave, en virtud de resolución firme en vía administrativa, dentro de los cinco años anteriores a la comisión de una infracción muy grave, se extinguirá la prestación y acarreará la imposibilidad de que el sujeto infractor resulte persona beneficiaria en los términos de esta norma durante cinco años.6. Cuando el sujeto infractor haya sido sancionado por infracción muy grave, en virtud de resolución firme en vía administrativa, dentro de los cinco años anteriores a la comisión de una infracción muy grave, se extinguirá la prestación y acarreará la imposibilidad de que el sujeto infractor resulte persona beneficiaria en los términos de esta norma durante cinco años.
7. Las sanciones a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio del reintegro de las cantidades indebidamente percibidas.»7. Las sanciones a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio del reintegro de las cantidades indebidamente percibidas.»
Artículo 36. Procedimiento sancionador. A efectos de la competencia y el procedimiento para la imposición de las sanciones previstas en la presente norma será de aplicación lo establecido para la imposición de sanciones a los solicitantes o beneficiarios de prestaciones del Sistema de Seguridad Social en el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo. En lo no previsto en este real decreto-ley, será de aplicación lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

(1) Aquest article 34.3 va ser modificat per la disposició final cinquena, apartat Nou del RDL 30/2020, de 29 de setembre

(2) Aquest article 35 va ser modificat per la disposició final cinquena, apartat Deu del RDL 30/2020, de 29 de setembre

Anàlisi i comentaris als articles 34, 35 i 36

L’esmena 257 (del Grup socialista) reprodueix, sense canvis, el text de l’article 34.3 modificat pel la disposició final cinquena, apartat Nou del RDL 30/2020, de 29 de setembre.

L’esmena 429 (del PNB) proposa incloure-hi com a infracció greu “l’incomplimment de l’obligació de complir les actuacions orientades a la inclusió social” i com a infracció molt greu l’incompliment reiterat de l’obligació anterior.

L’esmena 258 (del Grup socilist) reprodueix, sense cap modificació, el text de l’art. 35 tal com va ser modificat per la disposició final cinquena, apartat Deu del RDL 30/2020, de 29 de setembre.

CAPÍTULO IX Régimen de control financiero de la prestación (art. 37)

Projecte de llei (text inicial publicat al BOCG, amb les modificacions dels RDL posteriors al 20/2020)Esmenes parlamentàries
Artículo 37. Control de la prestación. La modalidad de control ejercida sobre el reconocimiento del derecho y de la obligación de la prestación no contributiva de ingreso mínimo vital será la función interventora y el control financiero permanente de acuerdo con lo establecido en el 147.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Los actos de ordenación y pago material se intervendrán conforme a lo establecido en la sección 5.ª, capítulo IV, Título II del Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo, por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la Seguridad Social. 

Conclusions

1. Tot el projecte de llei traspua desconfiança envers les persones pobres: així, només en quatre dels articles (entre el 4 i el 7) trobem 40 requisits, condicions o supòsits que s’han de reunir per a accedir a la prestació. Això està dificultant molt l’accès de les persones vulnerables a l’IMV (fins al mes de maig d’enguany, a Catalunya s’han denegat el 84,4% de tots els expedients res fins a aquella data).

A totes aquestes condicions i requisits l’article 33 afegeix, durant el temps de percepció de la prestació, 9 obligacions als titulars de l’IMV i altres 7 obligacions a les persones integrants de la unitat de convivència.

2. L’incompliment d’aquestes obligacions pot comportar fins a 13 infraccions, detallades a l’article 34, com si fos un règim disciplinari sever, les quals poden comportar l’extinció del dret, temporalment o definitiva, amb l’obligació de reintegrament de les quantitats indegudament percebudes, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils i administratives corresponents.

3. És evidentment exagerada la por del legislador davant el possible frau de les persones en pobresa severa que sol·licitin l’IMV. Atès el minso nivell de prestacions aprovades fins al dia d’avui, caldria fer un replantejament general de les condicions, requisits i situacions necessàries per a l’accés a la prestació i descarregar de desconfiança envers els pobres tot el projecte de Llei.

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Esmenes parlamentàries al projecte de Llei per la qual s’estableix l’ingrés mínim vital. Articles 30-31

CAPÍTULO V Cooperación entre las administraciones públicas (art. 27-31)

Projecte de llei (text inicial publicat al BOCG, amb les modificacions dels RDL posteriors al 20/2020)Esmenes parlamentàries
Artículo 30. Comisión de seguimiento del ingreso mínimo vital. 1. Se crea la Comisión de seguimiento del ingreso mínimo vital como órgano de cooperación administrativa para el seguimiento de la aplicación del contenido de este real decreto-ley. 
(1) «2. La Comisión de seguimiento estará presidida por el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y estará integrada por el Secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, la Subsecretaria de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Secretario de Estado de Derechos Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género o el órgano directivo en quien delegue, así como otros representantes de la Administración General del Estado con relación al Ingreso Mínimo Vital que se establezcan reglamentariamente, además de los titulares de las consejerías de las comunidades autónomas competentes por razón de la materia y representantes de la administración local. Cuando por razón de los asuntos a tratar no sea precisa la presencia de representantes de las comunidades autónomas o de la administración local, la Comisión podrá constituirse sin aquellos a instancias de su secretario, siendo en estos casos preciso que se informe previamente a los representantes de dichas administraciones y se comunique el contenido del orden del día.»Esmena 253 (Grup socialista) modificació art. 30.2 «2. La Comisión de seguimiento estará presidida por el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y estará integrada por el Secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, la Subsecretaria de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Secretario de Estado de Derechos Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género o el órgano directivo en quien delegue, así como otros representantes de la Administración General del Estado con relación al Ingreso Mínimo Vital que se establezcan reglamentariamente, además de los titulares de las consejerías de las comunidades autónomas competentes por razón de la materia y representantes de la administración local. Cuando por razón de los asuntos a tratar no sea precisa la presencia de representantes de las comunidades autónomas o de la administración local, la Comisión podrá constituirse sin aquellos a instancias de su secretario, siendo en estos casos preciso que se informe previamente a los representantes de dichas administraciones y se comunique el contenido del orden del día.»
3. La Comisión de seguimiento tendrá las siguientes funciones: a) Evaluación del impacto del ingreso mínimo vital como instrumento para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad económica, con especial atención a la pobreza infantil. b) Evaluación y seguimiento de las propuestas normativas y no normativas en relación con el ingreso mínimo vital y en materia de inclusión que se impulsen por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. c) Impulso y seguimiento de los mecanismos de cooperación entre administraciones que procedan en aplicación de este real decreto-ley. d) Seguimiento de los sistemas de intercambio de información relativa a las personas solicitantes y las beneficiarias del ingreso mínimo vital que se pongan en marcha. e) Cooperación para la implantación de la Tarjeta Social Digital. f) Evaluación y análisis de las políticas y medidas de inclusión, así como de su impacto en los colectivos vulnerables, e intercambio de mejores prácticas y experiencias, con el fin de maximizar las sinergias de las políticas públicas y de mejorar su eficacia. g) Cooperación con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en la definición de objetivos de inclusión y en el desarrollo de indicadores de inclusión, de crecimiento inclusivo y de desigualdad para la economía española que puedan ser utilizados para el diseño y toma de decisión de nuevas políticas o la reformulación de las ya existentes, así como de indicadores con los que llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de los objetivos de inclusión. h) Cooperación en la promoción de la incorporación de los indicadores señalados en el apartado anterior en el diseño y evaluación de las políticas y medidas de inclusión. i) Cooperación en la explotación de bases de datos de indicadores de inclusión a nivel regional, nacional e internacional para la realización de estudios e informes que incluyan la información necesaria para la toma de decisiones. j) Cooperación en la elaboración de las normas reglamentarias en desarrollo de este real decreto-ley y de las normas de otras administraciones que, en su caso, sean enviadas a la Comisión para discusión. k) Evaluación y seguimiento de las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, del Sello de Inclusión Social al que se refiere la disposición adicional primera y de la evolución en la participación en el mercado laboral de los perceptores del ingreso mínimo vital, en particular de los que se encuentren en los supuestos a que se refiere el artículo 8.4. l) Cooperación en los sistemas de evaluación e información de situaciones de necesidad social y en la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social entre las administraciones públicas. m) Cualquier otra función que se le atribuya legal o reglamentariamente. 
4. La Comisión de seguimiento podrá crear grupos de trabajo para el ejercicio de sus funciones. En particular, se crearán un grupo de trabajo específico para comunidades autónomas y un grupo de trabajo para entidades locales, para abordar las cuestiones específicas que afectan a cada una de estas administraciones. 
5. La Comisión de seguimiento contará con una Secretaría, que dependerá de la Subsecretaría de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La Secretaría es el órgano técnico de asistencia, preparación y seguimiento continuo de la actividad de la Comisión de seguimiento y tendrá las siguientes funciones: a) La convocatoria, preparación y redacción de las actas de las reuniones de la Comisión de seguimiento del ingreso mínimo vital, el seguimiento de los acuerdos que, en su caso, se adopten y la asistencia a sus miembros. b) El seguimiento e informe de los actos y disposiciones de las comunidades autónomas en materia de inclusión. c) La tramitación de los convenios de colaboración que se suscriban con otros órganos de la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas y las entidades locales. d) La coordinación de los grupos de trabajo que, en su caso, se creen por la Comisión de seguimiento en aplicación de lo dispuesto en el apartado 4 de este artículo. 
6. La Comisión de seguimiento se dotará de un reglamento interno donde se especificarán sus reglas de funcionamiento. 
 Esmena 397 (Grup republicà) addició nou apartat a l’art. 30 «X. En el caso de las Comunidades Autónomas que hayan suscrito un convenio para la gestión y/o tramitación de la pensión, su presencia en la Comisión de seguimiento del ingreso mínimo vital es obligatoria en todas las convocatorias sin excepción.»

(1) Aquest article 30.2 va ser modificat per l’article 3, apartat Onze del RDL 3/2021, de 2 de febrer

Anàlisi i comentaris als articles 30

L’esmena 253 (del Grup socialista) es limita  reproduir el mateix text de l’article 30.2 que havia estat introduït pel RDL 3/2021, de 2 de febrer, sense proposar cap novetat.

L’esmena 397 (del Grup republicà), amb tota la raó, proposa l’addició d’un nou apartat a l’article 30:

«X. En el caso de las Comunidades Autónomas que hayan suscrito un convenio para la gestión y/o tramitación de la pensión, su presencia en la Comisión de seguimiento del ingreso mínimo vital es obligatoria en todas las convocatorias sin excepción.»

Projecte de llei (text inicial publicat al BOCG, amb les modificacions dels RDL posteriors al 20/2020)Esmenes parlamentàries
Artículo 31. Consejo consultivo del ingreso mínimo vital. 1. Se crea el Consejo consultivo del ingreso mínimo vital, como órgano de consulta y participación con las entidades del Tercer Sector de Acción Social y las organizaciones sindicales y empresariales. 
(1) «2. El Consejo consultivo estará presidido por el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y en él participarán: la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, un miembro con rango de director general que designe el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la Directora del Instituto de las Mujeres, así como otros representantes de la Administración General del Estado con relación al Ingreso Mínimo Vital que se establezcan reglamentariamente, las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, y las entidades del Tercer Sector de Acción Social con mayor cobertura en el territorio español.»Esmena 254 (Grup socialista) modificació art. 31.2 «2. El Consejo consultivo estará presidido por el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y en él participarán: la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, un miembro con rango de director general que designe el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la Directora del Instituto de las Mujeres, así como otros representantes de la Administración General del Estado con relación al Ingreso Mínimo Vital que se establezcan reglamentariamente, las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, y las entidades del Tercer Sector de Acción Social con mayor cobertura en el territorio español.»
3. El Consejo consultivo tendrá las siguientes funciones: a) Asesorar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en la formulación de propuestas normativas y no normativas en relación con el ingreso mínimo vital y en materia de inclusión. b) Asesorar a la Comisión de seguimiento del ingreso mínimo vital en el ejercicio de sus funciones. c) Asesorar y cooperar con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el lanzamiento de campañas de comunicación relacionadas con el ingreso mínimo vital. d) Asesorar y cooperar con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en la implantación de estrategias de inclusión, del Sello de Inclusión Social al que se refiere la disposición adicional primera y de la evolución en la participación en el mercado laboral de los perceptores del ingreso mínimo vital, en particular de los que se encuentren en los supuestos a que se refiere el artículo 8.4. e) Cualquier otra función que se le atribuya legal o reglamentariamente.Esmenes 42 (Sr. Baldoví)  i 352 (Grup republicà) addició nou subapartat e) a l’art. 31.3 [SÓN IDÈNTIQUES]   Al apartado 3 del artículo 31, consejo consultivo del ingreso mínimo vital De adición. Texto que se propone:             «e) Realizar informes preceptivos sobre las propuestas, planes y programas que puedan afectar a esta prestación. f) Cualquier otra función que se le atribuya legal o reglamentariamente.»
4. La participación y la asistencia a sus convocatorias no devengará retribución ni compensación económica alguna. 
5. El Consejo consultivo se dotará de un reglamento interno donde se especificarán sus reglas de funcionamiento. 
 Esmena 398 (Grup republicà) addició nou apartat a l’art. 31 «X. Los representantes de las Comunidades Autónomas que hayan suscrito un convenio para la gestión y/o tramitación de la pensión formarán parte del Consejo consultivo del ingreso mínimo vital sin excepción.»

(1) Aquest article 31.2 va ser modificat per l’article 3, apartat Dotze del RDL 3/2021, de 2 de febrer

Anàlisi i comentaris a l’article 31

L’esmena 254 (del Grup socialista) es limita  reproduir el mateix text de l’article 31.2 que havia estat introduït pel RDL 3/2021, de 2 de febrer, sense proposar cap novetat.

L’esmenes 42 (del Sr. Baldoví) i 352 (del Grup republicà), que són idèntiques, proposen l’addició d’un nou subapartat e) a l’article 31.3:

«e) Realizar informes preceptivos sobre las propuestas, planes y programas que puedan afectar a esta prestación.”

Finalment, l’esmena 398 (del Grup republicà) proposa l’addició d’un nou apartat a l’article 31, amb el mateix text que ja han proposat per a l’article 30:

«X. En el caso de las Comunidades Autónomas que hayan suscrito un convenio para la gestión y/o tramitación de la pensión, su presencia en la Comisión de seguimiento del ingreso mínimo vital es obligatoria en todas las convocatorias sin excepción.»

Conclusions

No hi ha res a comentar a les minses innovacions a les esmenes presentades a aquests dos articles 30 i 31 del projecte.

Tanmateix continua manifestant-se el trist paper de les comunitats autònomes, fins i tot en un òrgan consultiu com la Comissió de seguiment, especialitzat en la cooperació territorial (així, de les 12 funcions que li atribueix l’article 30.3, en 7 hi apareix la paraula “cooperació”), ja que la norma preveu que la presència de representants de les comunitats autònomes o de l’administració local no és obligatòria per a la constitució de la Comissió:

“Cuando por razón de los asuntos a tratar no sea precisa la presencia de representantes de las comunidades autónomas o de la administración local, la Comisión podrá constituirse sin aquellos a instancias de su secretario, siendo en estos casos preciso que se informe previamente a los representantes de dichas administraciones y se comunique el contenido del orden del día.”

Per resoldre aquesta contradicció de crear una comissió entre l’Estat i les CCAA i administracions locals, en la qual no és obligatòria la presència d’aquestes últimes, l’esmena d’Esquerra Republicana proposa la presència obligatòria quan s’hagi subscrit un conveni entre l’Estat i la comunitat autònoma.

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Esmenes parlamentàries al projecte de Llei per la qual s’estableix l’ingrés mínim vital. Articles 27-29

CAPÍTULO V Cooperación entre las administraciones públicas (art. 27-31)

Projecte de llei (text inicial publicat al BOCG, amb les modificacions dels RDL posteriors al 20/2020)Esmenes parlamentàries
Artículo 27. Cooperación administrativa en el ejercicio de las funciones de supervisión. Todas las administraciones públicas cooperarán en la ejecución de las funciones de supervisión necesarias para la garantía del ingreso mínimo vital de conformidad con lo previsto en el artículo 71 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. 
Artículo 28. Cooperación para la inclusión social de las personas beneficiarias. 1. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones promoverá, en el ámbito de sus competencias, estrategias de inclusión de las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital mediante la cooperación y colaboración con los departamentos ministeriales, las comunidades autónomas, las entidades locales, las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, así como con las entidades del Tercer Sector de Acción Social. El diseño de estas estrategias se dirigirá a la remoción de los obstáculos sociales o laborales que dificultan el pleno ejercicio de derechos y socavan la cohesión social.Esmena 396 (Grup republicà) addició nou apartat a l’art. 28 «X. En el caso que la Comunidad autónoma ya disponga de una renta de garantía de ingresos con una vinculación a una estrategia de incentivos al trabajo y a la inclusión, estos incentivos se considerarán equivalentes y acreditados para la estrategia del IMV.»
2. Los beneficiarios del ingreso mínimo vital serán objetivo prioritario y tenidos en cuenta en el diseño de los incentivos a la contratación que apruebe el Gobierno. 
3. El resultado del ingreso mínimo vital y de las distintas estrategias y políticas de inclusión será evaluado anualmente por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, mediante la emisión de la correspondiente opinión, de acuerdo con la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. 

Anàlisi i comentaris als articles 27 i 28

Una vegada més, el paper de les CCAA en l’execució de l’IMV és testimonial, ja que la remissió que es fa a l’article 27, sobre la cooperació administrativa en l’exercici de les funcions de supervisió, a l’art. 71 del RDL 8/2015, de 30 d’octubre, té a veure únicament amb el “subministrament d’informació al’Administració de la Seguretat Social” per part d’altres  administracions públiques, entre elles les CCAA:

“Artículo 71. Suministro de información a la Administración de la Seguridad Social.

1. Se establecen los siguientes supuestos de suministro de información a la Administración de la Seguridad Social: (…)”

L’esmen 396 (del Grup republicà) proposa l’addició del següent nou apartat a l’article 28:

«X. En el caso que la Comunidad autónoma ya disponga de una renta de garantía de ingresos con una vinculación a una estrategia de incentivos al trabajo y a la inclusión, estos incentivos se considerarán equivalentes y acreditados para la estrategia del IMV.»

Projecte de llei (text inicial publicat al BOCG, amb les modificacions dels RDL posteriors al 20/2020)Esmenes parlamentàries
«Artículo 29. Mecanismos de colaboración con otras administraciones (1) 1. Con el fin de intensificar las relaciones de cooperación, mejorar la eficiencia de la gestión de la prestación no contributiva de ingreso mínimo vital, así como facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, mediante la asistencia recíproca y el intercambio de información, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o, en su caso, la Administración de la Seguridad Social podrán celebrar los oportunos convenios, o acuerdos, o cualquier otro instrumento de colaboración con otros órganos de la Administración General del Estado, de las administraciones de las comunidades autónomas y de las entidades locales.Esmena 252 (Grup socialista) modificació art. 29 «Artículo 29. Mecanismos de colaboración con otras administraciones 1. Con el fin de intensificar las relaciones de cooperación, mejorar la eficiencia de la gestión de la prestación no contributiva de ingreso mínimo vital, así como facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, mediante la asistencia recíproca y el intercambio de información, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o, en su caso, la Administración de la Seguridad Social podrán celebrar los oportunos convenios, o acuerdos, o cualquier otro instrumento de colaboración con otros órganos de la Administración General del Estado, de las administraciones de las comunidades autónomas y de las entidades locales.
2. Las comunidades autónomas podrán remitir al Instituto Nacional de la Seguridad Social y este podrá reconocer la prestación de ingreso mínimo vital a las personas interesadas que otorguen su consentimiento a la comunidad autónoma de su domicilio para que, con dicha finalidad y a través de los protocolos telemáticos de intercambio de información habilitados al efecto, remita los datos necesarios para la identificación de dichas personas y la instrucción del procedimiento, así como un certificado emitido por la mencionada comunidad autónoma que será suficiente para que la entidad gestora considere solicitadas las prestaciones por las personas interesadas en la fecha de su recepción por la entidad gestora. El mencionado certificado será acreditativo de la constitución, en su caso, de una unidad de convivencia conforme establece el artículo 6 y del cumplimiento de los requisitos a que se refieren los artículos 4, 5 y el artículo 7 del presente real decreto-ley; así como de que se encuentra en su poder toda la documentación que pruebe el cumplimiento de dichos requisitos, a excepción de la vulnerabilidad económica a la que se refiere el artículo 8 del presente real decreto-ley, que será analizada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Asimismo, el mencionado certificado será suficiente para que la entidad gestora considere cumplidos los requisitos indicados en los párrafos anteriores en el momento que se certifique por la comunidad autónoma, sin perjuicio de la obligación de las comunidades autónomas de remitir al referido Instituto toda la documentación en el plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha de la resolución de la prestación o, en su caso, dentro de los diez días siguientes a la solicitud a tal efecto cuando sea necesaria para la resolución de cualquier reclamación. El derecho a la prestación del ingreso mínimo vital nacerá a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha de presentación del certificado. Los expedientes resueltos por el Instituto Nacional de la Seguridad Social se comunicarán a las comunidades autónomas a través de los protocolos informáticos establecidos. Si en virtud del certificado emitido por la correspondiente comunidad autónoma se reconociese una prestación que posteriormente fuera declarada indebida y no fuese posible recuperar el importe abonado, los perjuicios ocasionados serán a cargo de la comunidad autónoma certificadora.»2. Las comunidades autónomas podrán remitir al Instituto Nacional de la Seguridad Social y este podrá reconocer la prestación de ingreso mínimo vital a las personas interesadas que otorguen su consentimiento a la comunidad autónoma de su domicilio para que, con dicha finalidad y a través de los protocolos telemáticos de intercambio de información habilitados al efecto, remita los datos necesarios para la identificación de dichas personas y la instrucción del procedimiento, así como un certificado emitido por la mencionada comunidad autónoma que será suficiente para que la entidad gestora considere solicitadas las prestaciones por las personas interesadas en la fecha de su recepción por la entidad gestora. El mencionado certificado será acreditativo de la constitución, en su caso, de una unidad de convivencia conforme establece el artículo 6 y del cumplimiento de los requisitos a que se refieren los artículos 4, 5 y el artículo 7 del presente real decreto-ley; así como de que se encuentra en su poder toda la documentación que pruebe el cumplimiento de dichos requisitos, a excepción de la vulnerabilidad económica a la que se refiere el artículo 8 del presente real decreto-ley, que será analizada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Asimismo, el mencionado certificado será suficiente para que la entidad gestora considere cumplidos los requisitos indicados en los párrafos anteriores en el momento que se certifique por la comunidad autónoma, sin perjuicio de la obligación de las comunidades autónomas de remitir al referido Instituto toda la documentación en el plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha de la resolución de la prestación o, en su caso, dentro de los diez días siguientes a la solicitud a tal efecto cuando sea necesaria para la resolución de cualquier reclamación. No será necesario el envío de la documentación mencionada en el párrafo anterior en formato papel relativa a los datos certificados que hayan sido obtenidos mediante el acceso a las plataformas de interoperabilidad de las propias administraciones públicas, quedando justificado el cumplimiento de los requisitos de acceso mediante la incorporación en el certificado por parte de la comunidad autónoma de una diligencia acreditativa en la que quede constancia de las comprobaciones y de la fecha de acceso a las referidas plataformas, así como de las situaciones y el cumplimiento de los requisitos necesarios para el reconocimiento de la prestación. El derecho a la prestación del ingreso mínimo vital nacerá a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha de presentación del certificado. Los expedientes resueltos por el Instituto Nacional de la Seguridad Social se comunicarán a las comunidades autónomas a través de los protocolos informáticos establecidos. Si en virtud del certificado emitido por la correspondiente comunidad autónoma se reconociese una prestación que posteriormente fuera declarada indebida y no fuese posible recuperar el importe abonado, los perjuicios ocasionados serán a cargo de la comunidad autónoma certificadora.»

(1) Aquest article 29 va ser modificat per la disposició final cinqueña del RDL 35/2020, de 22 de desembre

Anàlisi i comentaris a l’article 29

L’esmena 252 (del Grup socialista) recull les modificacions que va introduir la disposició final cinquena del RDL 35/2020, de 22 de desembre, afegint aquest nou paràgraf:

“No será necesario el envío de la documentación mencionada en el párrafo anterior en formato papel relativa a los datos certificados que hayan sido obtenidos mediante el acceso a las plataformas de interoperabilidad de las propias administraciones públicas, quedando justificado el cumplimiento de los requisitos de acceso mediante la incorporación en el certificado por parte de la comunidad autónoma de una diligencia acreditativa en la que quede constancia de las comprobaciones y de la fecha de acceso a las referidas plataformas, así como de las situaciones y el cumplimiento de los requisitos necesarios para el reconocimiento de la prestación.”

Conclusions

1. L’article 28.3 preveu una valuació anual per l’AIREF del resultat del’IMV i de les diferents estratègies i polítiques d’inclusió. Ja fa més d’un any de l’aprovació del RDL 20/2020, de 29 de maig, i encara no s’han fet púplics els resultats d’aquesta avaluació, que espero siguin molt més complets que les dades que fins ara s’ha fet públiques, en les següents dates:

2020: 26 de juny / 20 d’agost / 14 de setembre / 16 d’octubre / 16 de desembre

2021: 18 de març / 17 de maig

2. És molt xocant el contingut minuciós i detallat de l’article 29, sobre els mecanismes de col·laboració amb altres administracions, quan algunes d’elles, com ara les comunitats autònomes, tenen competències plenes en l’execució dels serveis de la Seguretat Social (ex art. 149.1.17 CE) i en lloc de col·laborar amb l’administració de la Seguretat Social, haurien de ser elles les úniques responsables de la gestió d’aquesta prestació, sense cap necessitat de “celebrar els oportuns convenis o acords, o qualsevol altre instrument de col·laboració”.

Atesa la competència autonòmica en la gestió dels serveis de la Seguretat Social, sobren les expressions com aquestes: “Con el fin de intensificar las relaciones de cooperación, mejorar la eficiencia de la gestión de la prestación no contributiva de ingreso mínimo vital, así como facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, mediante la asistencia recíproca y el intercambio de información (…)”, que no fan més que relegar el paper autonòmic al propi d’una entitat sotmesa jeràrquicament a l’Estat, que no és la situación autonómica en relació amb l’Estat, segons l’ha definit la CE.

En aquest sentit, a l’apartat 2 d’aquest article 29 queda molt clar com es redueix el paper autonòmic a “remetre a l’INSS (…) un certificat”, i a partir d’ell l’INSS “reconeixerà la prestació (…)”: certificar és una responsabilitat passiva, propia d’un òrgan suborndinat a un altre, i lluny de la capacitat per a actuar administrativament, molt lluny de tot el que sempre s’han considerat les activitats pròpies de la gestió i l’execució, que ara ostenta amb exclusivitat l’Estat.

En una paraula, la responsabilitat autonómica queda limitada a signar un certificat i trametre’l telemàticament a la Seguretat Social, que reconeixerà, o no, la nova prestació social.

3. Per acabar, manifesto el meu rebuig frontal d’aquests dos paràgrafs de l’article 29, impropis d’una llei i més adequats d’una circular, i que exemplifiquen el trist paper a què ha estat reduït l’actuació de les comunitats autònomes, a la signatura de certificats amb diligències acreditatives de les comprovacions que s’han portat a terme:

“Si en virtud del certificado emitido por la correspondiente comunidad autónoma se reconociese una prestación que posteriormente fuera declarada indebida y no fuese posible recuperar el importe abonado, los perjuicios ocasionados serán a cargo de la comunidad autónoma certificadora.”

“No será necesario el envío de la documentación mencionada en el párrafo anterior en formato papel relativa a los datos certificados que hayan sido obtenidos mediante el acceso a las plataformas de interoperabilidad de las propias administraciones públicas, quedando justificado el cumplimiento de los requisitos de acceso mediante la incorporación en el certificado por parte de la comunidad autónoma de una diligencia acreditativa en la que quede constancia de las comprobaciones y de la fecha de acceso a las referidas plataformas, así como de las situaciones y el cumplimiento de los requisitos necesarios para el reconocimiento de la prestación.”

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Esmenes parlamentàries al projecte de Llei per la qual s’estableix l’ingrés mínim vital. Articles 25-26

CAPÍTULO IV Procedimiento (art. 21-26)

Projecte de llei (text inicial publicat al BOCG, amb les modificacions dels RDL posteriors al 20/2020)Esmenes parlamentàries
  «Artículo 25. Tramitación. (1) 1. Una vez recibida la solicitud de la prestación, el órgano competente, con carácter previo a la admisión de la misma, procederá a comprobar si los beneficiarios que vivan solos o formando parte de una unidad de convivencia, en función de los datos declarados en la solicitud presentada, cumplen el requisito de vulnerabilidad previsto en el artículo 7.1.b). Frente a la resolución de inadmisión, que deberá ser dictada en el plazo de 30 días, se podrá interponer reclamación administrativa previa en materia de prestaciones de Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, y cuyo objeto se limitará a conocer sobre la causa de inadmisión. La admisión de la solicitud no obstará a su desestimación si, durante la instrucción del procedimiento, la entidad gestora efectuara nuevas comprobaciones que determinaran el incumplimiento del requisito de vulnerabilidad previsto en el artículo 7.1.b).Esmena 251 (Grup socialista) modificació art. 25 «Artículo 25. Tramitación. 1. Una vez recibida la solicitud de la prestación, el órgano competente, con carácter previo a la admisión de la misma, procederá a comprobar si los beneficiarios que vivan solos o formando parte de una unidad de convivencia, en función de los datos declarados en la solicitud presentada, cumplen el requisito de vulnerabilidad previsto en el artículo 7.1.b). Frente a la resolución de inadmisión, que deberá ser dictada en el plazo de 30 días, se podrá interponer reclamación administrativa previa en materia de prestaciones de Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, y cuyo objeto se limitará a conocer sobre la causa de inadmisión. La admisión de la solicitud no obstará a su desestimación si, durante la instrucción del procedimiento, la entidad gestora efectuara nuevas comprobaciones que determinaran el incumplimiento del requisito de vulnerabilidad previsto en el artículo 7.1.b).
xEsmena 351 (Grup republicà) modificació art. 25.1 i 2 Tramitación: «1. En la instrucción del expediente, el Instituto Nacional de la Seguridad Social verificará la existencia de la documentación necesaria para el reconocimiento de la prestación, y efectuará las comprobaciones pertinentes del cumplimiento de los requisitos establecidos en es esta Ley.
xEsmena 62 (Sr. Errejón) modifica art. 25 «Artículo 25. Tramitación. 1. Una vez recibida la solicitud de la prestación, el órgano competente, con carácter previo a la admisión de la misma, procederá a comprobar si los beneficiarios que vivan solos o formando parte de una unidad de convivencia, en función de los datos declarados en la solicitud presentada, cumplen el requisito de vulnerabilidad previsto en el artículo 7.1.b). Frente a la resolución de inadmisión, que deberá ser dictada en el plazo de 30 días, se podrá interponer reclamación administrativa previa en materia de prestaciones de Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, y cuyo objeto se limitará a conocer sobre la causa de inadmisión. La admisión de la solicitud no obstará a su desestimación si, durante la instrucción del procedimiento, la entidad gestora efectuara nuevas comprobaciones que determinaran el incumplimiento del requisito de vulnerabilidad previsto en el artículo 7.1.b). 1. Una vez presentada la solicitud, procederá iniciar la instrucción del procedimiento administrativo en orden a comprobar el cumplimiento de los requisitos determinantes del reconocimiento de la prestación.
xEsmena 107 (PDeCAT) modificació art. 25.1 «Artículo 25. Tramitación. 1. En la instrucción del expediente, el Instituto Nacional de la Seguridad Social recabará la información telemática necesaria y verificará la existencia de la documentación necesaria para el reconocimiento de la prestación, y efectuará las comprobaciones pertinentes del cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente real decreto-ley.»
xEsmena 119 (Junts per Cat) modificació art. 25.1 «Artículo 25. Tramitación. 1. En la instrucción del expediente, el Instituto Nacional de la Seguridad Social se verificará la existencia de la documentación necesaria para el reconocimiento de la prestación, y efectuará las comprobaciones pertinentes del cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente real decreto-ley. […]»
xEsmena 147 (Sr. Rego) modificació art. 25 «Artículo 25. Tramitación. 1. En la instrucción del expediente, la Comunidad Autónoma verificará la existencia de la documentación necesaria para el reconocimiento de la prestación, y efectuará las comprobaciones pertinentes del cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley.
  2. Admitida a trámite la solicitud, procederá iniciar la instrucción del procedimiento administrativo en orden a comprobar el cumplimiento de los requisitos determinantes del reconocimiento de la prestación.Esmena 251 (Grup socialista) modificació art. 25 2. Admitida a trámite la solicitud, procederá iniciar la instrucción del procedimiento administrativo en orden a comprobar el cumplimiento de los requisitos determinantes del reconocimiento de la prestación.
xEsmena 119 (Junts per Cat) modificació art. 25.2 2. El Instituto Nacional de la Seguridad Social, o el organismo designado por la Comunidad autónoma competente, procederá a la resolución y notificación del procedimiento a la persona solicitante en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de entrada en su registro del expediente administrativo. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera producido resolución expresa, se entenderá denegada la solicitud por silencio administrativo. […]»
(2) «3. El Instituto Nacional de la Seguridad Social procederá a dictar resolución, y a notificar la misma a la persona solicitante, en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de entrada en su registro de la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera notificado resolución expresa, se entenderá desestimada. En el supuesto de personas sin domicilio empadronadas al amparo de lo previsto en las correspondientes instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal, las notificaciones serán efectuadas en los servicios sociales del municipio o, en su caso, en la sede o centro de la entidad en los que las personas interesadas figuren empadronadas.»Esmena 251 (Grup socialista) modificació art. 25 3. El Instituto Nacional de la Seguridad Social procederá a dictar resolución, y a notificar la misma a la persona solicitante, en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de entrada en su registro de la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera notificado resolución expresa, se entenderá desestimada. En el supuesto de personas sin domicilio empadronadas al amparo de lo previsto en las correspondientes instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal, las notificaciones serán efectuadas en los servicios sociales del municipio o, en su caso, en la sede o centro de la entidad en los que las personas interesadas figuren empadronadas.
 Esmena 62 (Sr. Errejón) modifica art. 25 2. El Instituto Nacional de la Seguridad Social procederá a dictar resolución, y a notificar la misma a la persona solicitante, en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de entrada en su registro de la solicitud. En caso de denegación la resolución debe motivarla con el detalle y la singularidad necesaria sobre los hechos supuestamente causantes de la denegación. Transcurrido el plazo de tres meses sin resolución expresa, se entenderá estimada la solicitud y el INSS deberá presentar resolución expresa de concesión y de la cuantía asignada.
xEsmena 62 (Sr. Errejón) modifica art. 25 3. En el supuesto de personas sin domicilio empadronadas al amparo de lo previsto en las instrucciones técnicas a los ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal, las notificaciones serán efectuadas a los Servicios Sociales del municipio o, en su caso, a la sede o centro de la entidad en los que las personas interesadas figuran empadronadas.
xEsmena 147 (Sr. Rego) modificació art. 25 2. La Consejería competente de cada Comunidad Autónoma procederá a la resolución y notificación del procedimiento a la persona solicitante en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de entrada en su registro del expediente administrativo. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera producido resolución expresa, se entenderá concedida la solicitud por silencio administrativo.
xEsmena 147 (Sr. Rego) modificació art. 25 Proposa suprimir l’apartat 3
 Esmena 351 (Grup republicà) modificació art. 25.1 i 2 2. El Instituto Nacional de la Seguridad Social procederá a dictar resolución, y a notificar la misma a la persona solicitante en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de entrada de su registro. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera notificado resolución expresa, se entenderá concedido por silencio positivo.»
  4. En el supuesto de que con posterioridad a la solicitud el interesado no hubiera aportado la documentación a que se hubiera obligado en la declaración responsable prevista en el artículo 24.2, con carácter previo a dictar resolución la entidad gestora le requerirá a tal efecto. En este caso, quedará suspendido el procedimiento durante el plazo máximo de tres meses. Si transcurrido dicho plazo no hubiere presentado la documentación requerida, se producirá la caducidad del procedimiento.»Esmena 251 (Grup socialista) modificació art. 25 4. En el supuesto de que con posterioridad a la solicitud el interesado no hubiera aportado la documentación a que se hubiera obligado en la declaración responsable prevista en el artículo 24.2, con carácter previo a dictar resolución la entidad gestora le requerirá a tal efecto. En este caso, quedará suspendido el procedimiento durante el plazo máximo de tres meses. Si transcurrido dicho plazo no hubiere presentado la documentación requerida, se producirá la caducidad del procedimiento.»
 Esmena 62 (Sr. Errejón) modifica art. 25 4. Si con posterioridad a la solicitud la persona interesada no hubiera aportado la documentación a que se hubiera obligado en la declaración responsable prevista en el artículo 24.2, con carácter previo a dictar resolución, la entidad gestora le requerirá a tal efecto y quedará suspendido el procedimiento durante el plazo máximo de tres meses a partir de la fecha fehaciente de recepción del requerimiento. Si transcurrido dicho plazo no hubiere presentado la documentación requerida, se producirá la caducidad del procedimiento salvo que se acredite la imposibilidad de obtenerla.»

(1) L’article 25 va ser modificat per la disposició final onzena del RDL 28/2020, de 22 de setembre

(2) L’article 25.3 va ser modificat, novament, per l’article 3.Deu del RDL 3/2021, de 2 de febrer

Anàlisi i comentaris als articles 25

Apartat 1

L’esmena 251 (del Grup socialista) reprodueix, literalment, la redacció d’aquest article 25.1 que va introduir la disposició final onzena del RDL 28/2020, de 22 de setembre.

Altres esmenes proposen una simplificació del redactat feixuc d’aquest primer apartat:

  • L’esmena 351 (del Grup republicà) redueix l’apartat a la verificació de la documentació necessària i a la comprovació dels requisits exigits.
  • L’esmena 62 (del Sr. Errejón), de manera semblant, proposa tatxar tot l’apartat i esmentar només l’inici de la instrucció del procediment per tal de comprovar els requisits.
  • L’esmena 107 (del PDeCAT) també proposa reduir l’apartat a demanar la informació teemàtica necessària i verificar a documentació, per ccomprovar e compliment dels requisits.
  • Finalment, l’esmena 147 (del Sr. Rego) també proposa la simplificació del text, limitant-lo a la verificació de la documentació i compliment dels requisits.

Apartat 2

El Grup socialista manté la mateixa redacció introduïda pel RD 28/2020.

Apartat 3

El Grup socialista manté la mateixa redacció introduïda pel RDL 3/2021.

L’esmena 62 (del Sr. Errejón), amb tota la raó, proposa reduir el termini màxim per dictar resolució a tres mesos, en lloc dels sis que proposa el Grup socialista. També proposa convertir el silenci negatiu en positiu, transcorreguts els tres mesos sese resolució expressa. Finalment, proposa que la resolució denegatòria estigui motivada “amb el detall i la singularitat necessàri sobre els fets suposadament causants de la denegació”.

En aquesta mateixa esmena es proposa un nou apartat en relació a les notificacions a les persones sense llar:

“3. En el supuesto de personas sin domicilio empadronadas al amparo de lo previsto en las instrucciones técnicas a los ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal, las notificaciones serán efectuadas a los Servicios Sociales del municipio o, en su caso, a la sede o centro de la entidad en los que las personas interesadas figuran empadronadas.”

L’esmena 147 (del Sr. Rego) proposa que en lloc de l’INSS sigui la conselleria competent de cada Comunitat Autònoma la responsable per dictar resolució i a notificar-la al sol·licitant, en el termini màxim de tres mesos. Transcorregut aquest termini, s’entendrà atorgada la prestació.

En canvi, l’esmena 351 (del Grup republicà) no proposa la modificació de la competència de l’INSS per dictar resolució, però sí demana la reducció del termini de resolució a tres mesos i el silenci positiu, en cas que no es resolgui en aquest termini.

Apartat 4

El Grup socialista manté la mateixa redacció introduïda pel RD 28/2020.

L’esmena 62 (del Sr. Errejón) es limita a proposar que s’afegeixi la següent excepció a la caducitat del procediment:

se producirá la caducidad del procedimiento salvo que se acredite la imposibilidad de obtenerla.»

Projecte de llei (text inicial publicat al BOCG, amb les modificacions dels RDL posteriors al 20/2020)Esmenes parlamentàries
Artículo 26. Supervisión del cumplimiento de requisitos. 1. El Instituto Nacional de la Seguridad Social comprobará el cumplimiento de los requisitos y obligaciones de la persona titular y demás personas que integren la unidad de convivencia. Para ello verificará, entre otros, que quedan acreditados los requisitos relativos a la identidad del solicitante y de todas las personas que integran la unidad de convivencia, a la residencia legal y efectiva en España de este y de los miembros de la unidad de convivencia en la que se integrara, residencia efectiva de los miembros de la unidad de convivencia en el domicilio, la composición de la unidad de convivencia, relación de parentesco y pareja de hecho, rentas e ingresos, patrimonio, y el resto de condiciones necesarias para determinar el acceso al derecho a la prestación así como su cuantía. Del mismo modo, mediante controles periódicos realizará las comprobaciones necesarias del cumplimiento de los requisitos y obligaciones que permiten el mantenimiento del derecho o de su cuantía.Esmena 121 (Junts per Cat) modificació art. 26.1 «Artículo 26. Supervisión del cumplimiento de requisitos. 1. El Instituto Nacional de la Seguridad Social, o el organismo designado por la Comunidad autónoma competente, comprobará el cumplimiento de los requisitos y obligaciones de la persona titular y demás personas que integren la unidad de convivencia. (…)  
Esmena 148 (Sr. Rego) modificació art. 26 «Artículo 26. Supervisión del cumplimiento de requisitos. 1. La autoridad competente de la Comunidad Autónoma comprobará el cumplimiento de los requisitos y obligaciones de la persona titular y demás personas que integren la unidad de convivencia.
  2. Para el ejercicio de su función supervisora, el Instituto Nacional de la Seguridad Social llevará a cabo cuantas comprobaciones, inspecciones, revisiones y verificaciones sean necesarias y requerirá la colaboración de las personas titulares del derecho y de las administraciones públicas, de los organismos y entidades públicas y de personas jurídico-privadas. Estas comprobaciones se realizarán preferentemente por medios telemáticos o informáticos.Esmena 122 (Junts per Cat) modificació art. 26.2 2. Para el ejercicio de su función supervisora, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, o el organismo designado por la Comunidad autónoma competente, llevará a cabo cuantas comprobaciones, inspecciones, revisiones y verificaciones sean necesarias y requerirá la colaboración de las personas titulares del derecho y de las administraciones públicas, de los organismos y entidades públicas y de personas jurídico-privadas. Estas comprobaciones se realizarán preferentemente por medios telemáticos o informáticos. […]»
xEsmena 148 (Sr. Rego) modificació art. 26 2. Para el ejercicio de su función supervisora, la Comunidad Autónoma llevará a cabo cuantas comprobaciones, inspecciones, revisiones y verificaciones sean necesarias y requerirá (…)
    3. La supervisión de los requisitos de ingresos y patrimonio establecidos en el presente real decreto-ley, para el acceso y mantenimiento de la prestación económica de ingreso mínimo vital, se realizará por la entidad gestora conforme a la información que se recabe por medios telemáticos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de las haciendas tributarias forales de Navarra y de los territorios históricos del País Vasco. A tales efectos, se tomará como referencia la información que conste en esas haciendas públicas respecto del ejercicio anterior a aquel en el que se realiza esa actividad de reconocimiento o control, o en su defecto, la información que conste más actualizada en dichas administraciones públicas.Esmena 368 (Grup republicà) i Esmena 80 (En comú podem)  modificació art. 26.3 (són idèntiques) «3. La supervisión de los requisitos de ingresos y patrimonio establecidos en el presente real decreto-ley, para el acceso y mantenimiento de la prestación económica de ingreso mínimo vital, se realizará por la entidad gestora conforme a la información que se recabe por medios telemáticos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de las haciendas tributarias forales de Navarra y de los territorios históricos del País Vasco. A tales efectos, se tomará como referencia la información que conste en esas haciendas públicas respecto del ejercicio anterior a aquel en el que se realiza esa actividad de reconocimiento o control, o en su defecto, la información que conste más actualizada en dichas administraciones públicas
 Esmena 427 (PNB) modificació art. 26.3 Se propone la adición de un último inciso en este apartado 3: «3. La supervisión de los requisitos de ingresos y patrimonio establecidos en el presente real decreto-ley, para el acceso y mantenimiento de la prestación económica de ingreso mínimo vital, se realizará por la entidad gestora conforme […]. A tales efectos se tomará como referencia la información que conste en esas haciendas públicas respecto del ejercicio anterior a aquel en el que se realiza esa actividad de reconocimiento o control, o en su defecto, la información que conste más actualizada en dichas administraciones públicas. En los supuestos previstos en el artículo 8, apartado 5, la información que conste correspondiente al año en curso o, en otro caso, podrá requerirse a la persona solicitante aquella información económica que reglamentariamente se determine y que permita una adecuada valoración de la capacidad económica de la persona beneficiaria individual o de la unidad de convivencia en su conjunto.»

Anàlisi i comentaris a l’article 26

En aquest precepte, sobre la supervisió del compliment de requisits, l’INSS continua sent l’òrgan responsable del compliment dels requisits i obligacions tant inicialment per a l’accés al dret, com mitjançant controls periòdics posteriors per comprovar que es manté el dret o la seva quantia.

Diverses esmenes proposen que aquesta funció la realitzin les CCAA (esmenes 121 i 122, de Junts per Cat, i la núm. 148, del Sr. Rego).

L’esmena 368 (del Grup republicà) proposa suprimir la referència al còmput d’ingressos i patrimoni de l’any anterior

L’esmena 427 (del PNB) proposa l’addició d’un nou incís a l’art. 26.3:

“En los supuestos previstos en el artículo 8, apartado 5, la información que conste correspondiente al año en curso o, en otro caso, podrá requerirse a la persona solicitante aquella información económica que reglamentariamente se determine y que permita una adecuada valoración de la capacidad económica de la persona beneficiaria individual o de la unidad de convivencia en su conjunto.”

Conclusions

En aquests articles 25 i 26, que regulen la tramitació dels expedients i la supervisió del compliment dels requisits, hi ha diferents punts vermells que haurien de ser corregits en la tramitació del projecte de Llei:

1) La llei hauria de reconèixer el mateix que ja reconeix la CE, que les CCAA tenen la competència per executar i gestionar els serveis de la Seguretat Social. És sorprenent que un projecte de Llei de l’any 2021 atribueixi aquesta competència exclusivament a la Seguretat Social, que pot signar convenis amb les CCAA i administracions locals per a gestionar parcialment els expedients d’aquest nou dret subjectiu, però en cap cas (ni tan sols les CCAA forals) la resolució final dels procedients.

2) És un abús inacceptable que la Seguretat Social disposi d’un termini de sis mesos per a resoldre els expedients. Si el contingut de la llei és complex, tal com ha reconegut en públic el propi Ministre, la solució no és ampliar els terminis dexant sense cap recurs econòmic als administrats en situació de pobresa severa, sinó simplificar la complexitat de la llei, la qual cosa es pot fer en molts preceptes.

3) Cal millorar la protecció dels sol·licitants davant l’administració gestora, per evitar la indefensió, en especial en el contingut de la resolució denegatòria del dret, que hauria de estar prou motivada con el detall suficient de tots els fets que han provocat la denegació, cosa que actualment no està passant i que no queda protegida en l’actual redactat d’aquests dos preceptes.

4) No és acceptable tampoc que, després de sis mesos, la inactivitat de l’administració es converteixi en silenci negatiu, que acabarà d’enfonsar als sol·licitants, una vegada més indefensos davant la manca de resposta a les seves necessitats d’urgència extrema.

5) I, finalment, la funció de supervisió dels requisits inicials i del manteniment dels mateixos, després de la resolució, correspon a les CCAA, no a la Seguretat Social, ja que aquests tràmits són propis de la gestió i competència pròpia de les administracions autonòmiques i locals.

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Esmenes parlamentàries al projecte de Llei per la qual s’estableix l’ingrés mínim vital. Articles 21-24

Projecte de llei (text inicial publicat al BOCG, amb les modificacions dels RDL posteriors al 20/2020)Esmenes parlamentàries
Artículo 21. Normas de procedimiento. Sin perjuicio de las particularidades previstas en el presente real decreto-ley, será de aplicación lo previsto en el artículo 129 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.  Sense esmenes
Artículo 22. Competencia del Instituto Nacional de la Seguridad Social y colaboración interadministrativa. 1. La competencia para el reconocimiento y el control de la prestación económica no contributiva de la Seguridad Social corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo apartado de este artículo y en las disposiciones adicionales cuarta y quinta.Esmena 116 (Junts per Cat) modificació art. 22.1 1. La competencia para el reconocimiento y el control de la prestación económica no contributiva de la Seguridad Social corresponde al organismo designado para el ejercicio de las competencias autonómicas en la materia y, en su ausencia, al Instituto Nacional de la Seguridad Social, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo apartado de este artículo y en las disposiciones adicionales cuarta y quinta. […]»
xEsmena 145 (Sr. Rego) modificació art. 22 «Artículo 22. Competencia para la concesión de la renta de inserción social y laboral. 1. La competencia para el reconocimiento y el control de la prestación corresponderá a las comunidades autónomas y se financiará a cargo de los Presupuestos Generales del Estado mediante transferencia a las autoridades competentes. 2. Las entidades locales podrán iniciar el expediente administrativo a través de sus servicios sociales.»
  2. Las comunidades autónomas y entidades locales podrán iniciar el expediente administrativo cuando suscriban con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en los términos previstos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el oportuno convenio que les habilite para ello. En el marco del correspondiente convenio suscrito con el Instituto Nacional de Seguridad Social, podrá acordarse que, iniciado el expediente por la respectiva administración, la posterior tramitación y gestión previas a la resolución del expediente se efectúe por la administración que hubiere incoado el procedimiento.Esmena 116 (Junts per Cat) modificació art. 22.2 2. Las comunidades autónomas que no tengan las competencias necesarias y, en su caso, las entidades locales de dichos territorios, podrán iniciar el expediente administrativo cuando suscriban con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en los términos previstos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el oportuno convenio que les habilite para ello. (…)»
xEsmena 395 (Grup republicà)modificació art. 22.2 «2. Las comunidades autónomas y entidades locales podrán iniciar el expediente administrativo cuando suscriban con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en los términos previstos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el oportuno convenio que les habilite para ello. En el marco del correspondiente convenio suscrito con el Instituto Nacional de Seguridad Social, podrá acordarse que, iniciado el expediente por la respectiva administración, la posterior tramitación y gestión previas a la resolución, así como la resolución del expediente se efectúe por la administración que hubiere incoado el procedimiento.»
3. El ejercicio de las funciones citadas en el apartado anterior no requerirá, en ningún caso, los informes previos que establece el artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Anàlisi i comentaris als articles 21 i 22

Realment, aquest article 22, en la mesura en què reserva a la Seguretat Social pràcticament tota la gestió “per al reconeixement i el control de la prestació econòmica no contributiva” (art. 22.1) és una provocació davant les competències de les CCAA per executar els serveis de la SS, quan l’art. 149.1.17 CE els reconeix, explícitament, aquesta competència en materia de Seguretat Social:

“17ª Legislació bàsica i règim econòmic de la Seguretat Social, sens perjudici que les Comunitats Autònomes n’executin els serveis.”

La intervenció que el projecte de Llei reserva a les comunitats autinòmes i entitats locals és molt minsa: “l’inici de l’expedient administratiu” (art. 22.2), és a dir, la incoació del procediment, però només quan subscriguin “l’oportú conveni que els habiliti per a això”. Aquesta darrera frase que lliga el conveni a l’habilitació per a iniciar un expedient, com si no existís l’article 147.1.17 CE que les ha habilitat explícitament, al menys a les CCAA, és molt sorprenent i palesa el tarannà poc acceptable del projecte de Llei en relació amb la “col·laboració interadministrativa” entre la Seguretat Social i les CCAA.

Quan s’hagi subscrit el corresponent conveni, “podrà acordar-se” que, a més de la incoació de l’expedient, la corresponent administració (autonòmica o local) efectui també “la posterior tramitació i gestió prèvies a la resolució de l’expedient” (art. 22.2).

Continua sent sorprenent que el projecte de norma només autoritzi a l’administració que subscrigui el conveni a “la incoació de l’expedient” i a “la tramitació i gestió prèvies a la resolució”, deixant per a la Seguretat Social “la resolució final del procediment”. El normal en la regulació de procediments tant taxats com ara el de l’IMV, on la pròpia llei preveu minuciosament tots els requisits i acreditacions de les condicions dels sol·licitants, i per tant no hi ha cap marge per a la discrecionalitat administrativa, és atribuir totes les fases corresponents dels expedients a la competència d’un mateix òrgan administratiu.

En el  cas de l’IMV, en canvi, el projecte de Llei col·loca a les administracions autonòmiques en una situació de subordinació respecte de l’Estat, ja que la norma limita la seva participació en l’execució dels expedients fins al tràmit de la proposta de resolució a la Seguretat Social, que és la única competent per a signar la resolució final. És a dir, amb aquesta limitació a les competències d’execució de les CCAA l’Estat s’ha reservat la competència per a “revisar” tota la tramitació i gestió efectuada per les pròpies CCAA i entitats locals, abans de signar la resolució definitiva de cada expedient. Així, tal i com preveu l’art. 22.1, la Seguretat Social té la competència per “al reconeixement i el control” de l’IMV, i les CCAA només poden gestionar parcialment els expedients administratius, sotmeses sempre al control i supervisió de l’Estat que és l’únic competent per al reconeixement del dret subjectiu.

Aquest panorama dissenyat pel projecte de Llei de l’IMV queda molt allunyat del repartiment competencial de la Seguretat Social previst als articles 41 i 149.1.17 de la CE.

Tanmateix, quasi totes les esmenes presentades a aquest article proposen l’ampliació de la participació autonòmica en la gestió i execució dels procediments:

  • L’esmena 116 (de Junts per Cat) proposa incloure a l’apartat 1 la competència autonòmica per a reconeixement i el control de l’IMV
  • L’esmena 145 (del Sr. Rego) també atribueix la competència per al reconeixement i control de la nova pretació a les comunitats autònomes
  • Finalment, l’esmena 395 (del Grup republicà) proposa que l’administració competent per a tramitar i gestionar l’expedient, incloent-hi la resolució, sigui l’administració que hagi incoat l’expedient.
Projecte de llei (text inicial publicat al BOCG, amb les modificacions dels RDL posteriors al 20/2020)Esmenes parlamentàries
Artículo 23. Iniciación del procedimiento. El acceso a la prestación económica prevista en la presente ley se realizará previa solicitud de la persona interesada, según lo previsto en el artículo siguiente.Sense esmenes
  Artículo 24. Solicitud. 1. La solicitud se realizará en el modelo normalizado establecido al efecto, acompañada de la documentación necesaria para justificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este real decreto-ley y en sus normas de desarrollo. Dicha solicitud se presentará, preferentemente, en la sede electrónica de la Seguridad Social o a través de aquellos otros canales de comunicación telemática que el Instituto Nacional de la Seguridad Social tenga habilitados al efecto, sin perjuicio de lo que pueda establecerse en el marco de los convenios a los que se refiere el artículo 29.Esmena 106 (PDeCAT) modificació art. 24.1 «Artículo 24. Solicitud. 1. La solicitud se realizará en el modelo normalizado establecido al efecto, acompañada de la documentación necesaria para justificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este real decreto-ley y en sus normas de desarrollo, a excepción de aquella que la propia administración gestora deba y pueda obtener telemáticamente por sus propios medios según se detalla en el artículo 19. (…)”
xEsmena 118 (Junts per CAT) modificació art. 24.1 «Artículo 24. Solicitud. 1. La solicitud se realizará en el modelo normalizado establecido al efecto, acompañada de la documentación necesaria para justificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este real decreto-ley y en sus normas de desarrollo. Dicha solicitud se presentará, preferentemente, en la sede electrónica de la Seguridad Social o a través de aquellos otros canales de comunicación telemática que el Instituto Nacional de la Seguridad Social tenga habilitados al efecto, sin perjuicio de lo que pueda establecerse en el marco de los convenios a los que se refiero el artículo 29.»
xEsmena 146 (Sr. Rego) modificació art 24 «Artículo 24. Solicitud. 1. La solicitud se realizará en el modelo normalizado establecido al efecto por cada una de las Comunidades Autónomas, acompañada de la documentación necesaria para justificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley y en sus normas de desarrollo. Dicha solicitud se presentará, presencial o telemáticamente según establece la Ley 39/2015.
  2. No obstante, respecto de los documentos que no se encuentren en poder de la administración, si no pueden ser aportados por el interesado en el momento de la solicitud, se incluirá la declaración responsable del solicitante en la que conste que se obliga a presentarlos durante la tramitación del procedimiento.Esmena 146 (Sr. Rego) modificació art 24 2. No obstante, respecto de los documentos que no se encuentren en poder de la administración, si no pueden ser aportados por el interesado en el momento de la solicitud, se incluirá la declaración responsable del solicitante en la que conste que se obliga a presentarlos durante la tramitación del procedimiento.
  3. Para acreditar el valor del patrimonio, así como de las rentas e ingresos computables a los efectos de lo previsto en el presente real decreto-ley, y los gastos de alquiler, del titular del derecho y de los miembros de la unidad de convivencia, el titular del ingreso mínimo vital y los miembros de la unidad de convivencia cumplimentarán la declaración responsable que, a tal efecto, figurará en el modelo normalizado de solicitud.Esmena 146 (Sr. Rego) modificació art 24 3. Para acreditar el valor del patrimonio, así como de las rentas e ingresos computables a los efectos de lo previsto en el presente real decreto-ley, y los gastos de alquiler, del titular del derecho y de los miembros de la unidad de convivencia se cumplimentará la declaración responsable que, a tal efecto, figurará en el modelo normalizado de solicitud. 4. El modelo normalizado estará disponible en todas las lenguas oficiales en cada territorio. 5. Los servicios sociales facilitarán asesoramiento gratuito a las personas interesadas para la cumplimentación de la solicitud y aportación de la documentación pertinente.»

Anàlisi i comentaris als articles 23 i 24

Totes les esmenes presentades a l’article 24 són millores tècniques de redacció, sense cap incidència significativa en el contingut de la regulació de la sol·licitud, llevat de l’esmena 146 (del Sr. Rego) la qual proposa afegir dos apartats nous sobre l’obligació d’oferir el model normalitzat de sol·licitud en totes les llegües oficials en cada territori i sobre l’assessorament gratuït dels serveis socials per complimentar la sol·licitud i aportar la documentació exigida.

Conclusions

No hi ha cap justificació, llevat de la desconfiança estatal vers les administracions autonòmiques i locals, que permeti explicar els motius pels quals l’Estat s’ha reservat, de manera exclusiva i excloent, una part fonamental com ara la resolució dels expedients administratius de reconeixement del dret a l’IMV. Des de l’aprovació de la Constitució el 1978, quan la llei atribueix a les comunitats autònomes la gestió i execució de la tramitación administrativa de qualsevol tipus de dret, fins ara mai s’havia trossejat un mateix procediment d’execució, compartint-lo entre l’Estat i les CCAA, ja que el repartiment competencial atribuïa tota l’execució a les CCAA, fins i tot quan l’Estat tenia reconeguda a la CE la competència exclusiva de la legislació bàsica, com succeix amb la Seguretat Social (art. 149.1.17 CE). Normalment el que es comparteix és la competència normativa: l’Estat es reserva la regulació de les bases d’una matèria i les comunitats autònomes desenvolupen aquestes bases, no l’execució de la norma.

Amb aquesta reserva estatal de la competència per a resoldre els expedients, l’Estat assumeix una tutela i supervisió inconstitucionals sobre l’activitat administrativa de les CCAA, ja que l’Estat té la darrera paraula per concedir, o denegar, una sol·licitud d’IMV, fins i tot en sentit contrari a la proposta que li hagi fet arribar la corresponent comunitat autònoma, ja que en mantenir el control de l’execució l’òrgan competent per resoldre pot revisar tot l’expedient i aprovar una resolució contrària a la proposta autonòmica. En reservar-se l’Estat la resolució final i el control de l’execució, les comunitats autònomes queden situades en una posició de dependència jeràrquica respecte de l’Estat, retallant les seves potestats d’autoorganització i les competències d’execució que els corresponen d’acord amb la CE.

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Esmenes parlamentàries al projecte de Llei per la qual s’estableix l’ingrés mínim vital. Article 20

Capítol III Acció protectora (articles 9-20)

Projecte de llei (text inicial publicat al BOCG, amb les modificacions dels RDL posteriors al 20/2020)Esmenes parlamentàries
Artículo 20. Cesión de datos y confidencialidad de los mismos. 1. En el suministro de información en relación con los datos de carácter personal que se deba efectuar a la Administración de la Seguridad Social para la gestión de esta prestación, será de aplicación lo previsto en los apartados 1 y 2 del artículo 71 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. El suministro de información no requerirá el consentimiento previo del interesado, ni de las personas que formen parte de la unidad de convivencia, por ser un tratamiento de datos de los referidos en los artículos 6.1 e) y 9.2 h) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. 
2. Todas las personas y todos los organismos que intervengan en cualquier actuación referente al ingreso mínimo vital quedan obligados a la reserva de datos en los términos establecidos en el artículo 77 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 
3. Las administraciones públicas actuantes tomarán las medidas oportunas para que, en el curso del procedimiento administrativo, quede garantizada la confidencialidad de los datos suministrados por los solicitantes para la gestión de la prestación y estará obligada a cumplir con la legislación vigente en materia de protección de datos. 
  «4. Las resoluciones de las prestaciones de ingreso mínimo vital se comunicaran por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, sin necesidad del consentimiento previo del titular de los datos personales, a las comunidades autónomas y entidades locales a través de la adhesión a los procedimientos informáticos con los requisitos establecidos por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, con la finalidad de facilitar la información estrictamente necesaria para el reconocimiento y control de las prestaciones competencia de dichas administraciones. La información facilitada no podrá ser utilizada con ninguna otra finalidad si no es con el consentimiento del interesado. Todo ello en aplicación de los artículos 5.1.b) y c) y 6 del Reglamento (UE) n.º 2016/679 y del artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. En las condiciones establecidas en el párrafo anterior, se comunicaran las resoluciones de las prestaciones del ingreso mínimo vital a los órganos competentes de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas y, en su caso, a las corporaciones locales, para la realización de aquellas actividades que, en el marco de la colaboración y cooperación, deban realizar dichas administraciones, en materia de gestión y control del ingreso mínimo vital que corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social. Asimismo, en las condiciones establecidas en el primer párrafo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social podrá comunicar de forma telemática, sin el consentimiento previo del titular de los datos personales, la información que resulte necesaria sobre el ingreso mínimo vital a las instituciones y organismos públicos que lo soliciten para que puedan realizar, dentro del ámbito de sus competencias, actuaciones derivadas de la aplicación del ingreso mínimo vital.»Esmena 250 (Grup socialista) modificació art. 20.4 «4. Las resoluciones de las prestaciones de ingreso mínimo vital se comunicaran por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, sin necesidad del consentimiento previo del titular de los datos personales, a las comunidades autónomas y entidades locales a través de la adhesión a los procedimientos informáticos con los requisitos establecidos por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, con la finalidad de facilitar la información estrictamente necesaria para el reconocimiento y control de las prestaciones competencia de dichas administraciones. La información facilitada no podrá ser utilizada con ninguna otra finalidad si no es con el consentimiento del interesado. Todo ello en aplicación de los artículos 5.1.b) y c) y 6 del Reglamento (UE) n.º 2016/679 y del artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. En las condiciones establecidas en el párrafo anterior, se comunicaran las resoluciones de las prestaciones del ingreso mínimo vital a los órganos competentes de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas y, en su caso, a las corporaciones locales, para la realización de aquellas actividades que, en el marco de la colaboración y cooperación, deban realizar dichas administraciones, en materia de gestión y control del ingreso mínimo vital que corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social. Asimismo, en las condiciones establecidas en el primer párrafo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social podrá comunicar de forma telemática, sin el consentimiento previo del titular de los datos personales, la información que resulte necesaria sobre el ingreso mínimo vital a las instituciones y organismos públicos que lo soliciten para que puedan realizar, dentro del ámbito de sus competencias, actuaciones derivadas de la aplicación del ingreso mínimo vital.»
xEsmena 394 (Grup republicà) addició nou apartat 4 a l’art. 20 «4. En el caso de las Comunidades Autónomas que establezcan convenios de colaboración y/o cesión de competencias en la tramitación y/o gestión del ingreso mínimo vital, se habilitarán las medidas necesarias para intercambio de información de los datos de solicitantes y perceptores con el objetivo de asegurar una gestión eficiente y ágil entre administraciones.»  

(1) L’apartat 4 de l’art. 20 va ser incorporat per la disposició final cinquena del RDL 25/2020, de 3 de juliol

Anàlisi i comentaris a l’article 20

L’esmena 250 (del Grup socialista) se limita a reproduir el mateix text que va ser incorporat com a apartat 4 de l’article 20 per la disposició final cinquena del RDL 25/2020, de 3 de juliol.

L’esmena 394 (del Grup republicà) proposa afegir un nou apartat 4 a l’article 20, sense tenir en compte el que ja havia afegit el RDL 25/2020, esmentat. En qualsevol cas, la proposta d’aquesta darrera esmena no afegeix, pràcticament, res al text del projecte de Llei, ja que la gestió entre administracions sempre ha de ser eficient i àgil, i aquest és l’únic contingut del nou apartat proposat.

Conclusions

El projecte de Llei hauria de tenir la mateixa cura en altres aspectes, com ara evitar la indefensió dels sol·licitants en tot el procediment de tramitació i resolució de l’IMV, que en la confidencialitat de les dades personals. Tant important, o més que la confidencialitat de les dades personals, és el principi d’interdicció de l’arbitrarietat i la indefensió dels interessats, els quals haurien de rebre abans de la resolució denegatòria dels seus expedients tota la informació necessària per a la seva defensa (com els motius concrets i específics que justifiquen la denegació de l’IMV), cosa que no està succeint actualment.

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Esmenes parlamentàries al projecte de Llei per la qual s’estableix l’ingrés mínim vital. Articles 19 i 19 bis

Capítol III Acció protectora (articles 9-20)

Projecte de llei (text inicial publicat al BOCG, amb les modificacions dels RDL posteriors al 20/2020)Esmenes parlamentàries
Artículo 19. Acreditación de los requisitos. 1. La identidad tanto de las personas solicitantes como de las que forman la unidad de convivencia, se acreditará mediante el documento nacional de identidad en el caso de los españoles o el libro de familia o certificado literal de nacimiento, en el caso de los menores de 14 años que no tengan documento nacional de identidad, y mediante el documento de identidad de su país de origen o de procedencia, o el pasaporte, en el caso de los ciudadanos extranjeros.Esmena 243 (Grup socialista) modificació art. 19.1 “1. La identidad tanto de las personas solicitantes como de las que forman la unidad de convivencia, se acreditará mediante el documento nacional de identidad en el caso de los españoles o el libro de familia o certificado literal de nacimiento, en el caso de los menores de 14 años que no tengan documento nacional de identidad, y mediante el documento nacional de identidad de su país de origen o de procedencia, o del documento oficial en que se asigne el número personal de identificación (NIE), o el pasaporte, en el caso de los ciudadanos extranjeros.”
xEsmena 350 (Grup republicà) modificació art. 19.1 «1. La identidad tanto de las personas solicitantes como de las que forman la unidad de convivencia, se acreditará mediante el documento nacional de identidad en el caso de los españoles y mediante el documento de identidad de su país de origen o de procedencia, o el pasaporte, o mediante cédula de inscripción, en el caso de los ciudadanos extranjeros. En el caso de los menores hasta los 14 años, la identidad de los mismos se acreditará mediante certificado de nacimiento o el libro de familia.»
xEsmena 40 (Sr. Baldoví) modificació art. 19.1 «1. La identidad tanto de las personas solicitantes como de las que forman la unidad de convivencia, se acreditará mediante el documento nacional de identidad en el caso de los españoles y mediante el documento de identidad de su país de origen o de procedencia, o el pasaporte, o mediante cédula de inscripción en el caso de los ciudadanos extranjeros. En el caso de los menores hasta los 14 años, la identidad de los mismos se acreditará mediante certificado de nacimiento o el libro de familia.»

Anàlisi i comentaris a l’article 19.1

Per acreditar la identitat dels ciutadans estrangers l’esmena 243 (del Grup socialista) proposa afegir al “document nacional d’identitat del seu país d’orígen o procedència” el “document oficial en què s’assigni el número personal d’identificació (NIE)”. Aquest mateix document es proposa també a l’esmenes núm. 350 i 40 (del Grup republicà i del Sr. Baldoví, que són idèntiques), mitjançant la denominació “cèdula d’inscripció”, i en el cas dels menors de 14 anys estrangers proposa el mateix document que per als menors espanyols: certificat de naixement o llibre de família.

Projecte de llei (text inicial publicat al BOCG, amb les modificacions dels RDL posteriors al 20/2020)Esmenes parlamentàries
2. La residencia legal en España se acreditará mediante la inscripción en el registro central de extranjeros, en el caso de nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, Espacio Económico Europeo o la Confederación Suiza, o con tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión o autorización de residencia, en cualquiera de sus modalidades, en el caso de extranjeros de otra nacionalidad.Sense esmenes
3. El domicilio en España se acreditará con el certificado de empadronamiento.Esmena 391 (Grup republicà) modificació art. 19.3 «3. El domicilio en España se acreditará con el certificado de empadronamiento. Con la excepción de las personas en situación de sinhogarismo que acrediten dicha condición a través de un certificado de los servicios sociales autonómicos o municipales o a través de certificaciones expedidas por organizaciones del tercer sector debidamente habilitadas a través de la figura de entidades colaboradoras de la Administración General de Estado que contempla la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social. El procedimiento para esta habilitación se desarrollará reglamentariamente.»
xEsmena 105 (PDeCAT) modificació art. 19.3, .4 i .7 «Artículo 19. Acreditación de los requisitos.[…] 3. El domicilio en España se acreditará con el certificado de por el empadronamiento.  

Anàlisi i comentaris a l’article 19.2 i 3

L’acreditació de la residència legal a Espanya, en el cas dels estrangers, no ha rebut cap esmena.

L’acreditació del domicili a Espanya ha rebut dues esmenes:

  • L’esmena 391 (del Grup republicà), sense modificar l’acreditació del requisit del domicili mitjançant el certificat d’empadronament, proposa un nou paràgraf per incloure una excepció per a les persones sense llar: “Con la excepción de las personas en situación de sinhogarismo que acrediten dicha condición a través de un certificado de los servicios sociales autonómicos o municipales o a través de certificaciones expedidas por organizaciones del tercer sector debidamente habilitadas a través de la figura de entidades colaboradoras de la Administración General de Estado que contempla la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social. El procedimiento para esta habilitación se desarrollará reglamentariamente.”
  • L’esmena 105 (del PDeCAT) proposa substituir “el certificat d’empadronament” per “el empadronament”, amb la següent justificació:

“Dado que la redacción actual del Real decreto Ley 20/2020 exige al solicitante la aportación de dichos certificados de empadronamiento, se está produciendo una indeseada e innecesaria acumulación de solicitudes de expedición de dichos certificados en las oficinas del padrón municipal de todas las entidades locales. Indeseada por el incremento exponencial de las propias solicitudes, que está desbordando la capacidad de gestión de los municipios unido a un uso inapropiado del padrón respecto a su verdadera finalidad. E innecesario, toda vez que la información requerida al solicitante mediante el certificado de empadronamiento ya obra en poder de la Administración.

Supone el objeto de esta enmienda el evitar, por un lado, el efecto de saturación de la gestión municipal; por otro lado, evitar retrasos y gestiones incómodas a los ciudadanos solicitantes; y, por último, ajustar lo requerido a la legalidad vigente y a los medios con los que la propia Administración cuenta.”

Projecte de llei (text inicial publicat al BOCG, amb les modificacions dels RDL posteriors al 20/2020)Esmenes parlamentàries
Article 19.4 (1) «4. La existencia de la unidad de convivencia se acreditará con el libro de familia, certificado del registro civil, y con los datos obrantes en los Padrones municipales relativos a los inscritos en la misma vivienda. A estos efectos el Instituto Nacional de la Seguridad Social tendrá acceso a la base de datos de coordinación de los Padrones municipales del Instituto Nacional de Estadística para la confirmación de los requisitos exigidos. No obstante, cuando de la misma no pueda deducirse la coincidencia con los datos que se hayan hecho constar en la solicitud de la prestación se solicitará la aportación del correspondiente certificado de empadronamiento, histórico y colectivo del período requerido en cada supuesto, referidos a los domicilios donde residen o han residido los miembros de la unidad de convivencia, expedido por el Ayuntamiento en virtud de lo establecido en el artículo 83.3 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales. Tanto los datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística como, en su caso, el certificado de empadronamiento citado, servirán igualmente para acreditar la existencia de la unidad de convivencia a que se refiere el artículo 6.2.c) o de que el solicitante a que se refiere el artículo 4.1.b) vive solo o compartiendo domicilio con una unidad de convivencia de la que no forma parte. A los efectos de los datos relativos al Padrón municipal de conformidad con lo previsto en los párrafos anteriores, no se requerirá el consentimiento de las personas empadronadas en el domicilio del solicitante. La existencia de pareja de hecho se acreditará mediante certificación de la inscripción en alguno de los registros específicos existentes en las comunidades autónomas o ayuntamientos del lugar de residencia o documento público en el que conste la constitución de dicha pareja. Tanto la mencionada inscripción como la formalización del correspondiente documento público deberán haberse producido con una antelación mínima de dos años con respecto a la fecha de la solicitud de la prestación. El inicio de los trámites de separación o divorcio, o su existencia, se acreditará con la presentación de la demanda o con la correspondiente resolución judicial.Esmena 244 (Grup socialista) modificació art. 19.4 «4. La existencia de la unidad de convivencia se acreditará con el libro de familia, certificado del registro civil, y con los datos obrantes en los Padrones municipales relativos a los inscritos en la misma vivienda. A estos efectos el Instituto Nacional de la Seguridad Social tendrá acceso a la base de datos de coordinación de los Padrones municipales del Instituto Nacional de Estadística para la confirmación de los requisitos exigidos. No obstante, cuando de la misma no pueda deducirse la coincidencia con los datos que se hayan hecho constar en la solicitud de la prestación se solicitará la aportación del correspondiente certificado de empadronamiento, histórico y colectivo del período requerido en cada supuesto, referidos a los domicilios donde residen o han residido los miembros de la unidad de convivencia, expedido por el Ayuntamiento en virtud de lo establecido en el artículo 83.3 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales.   Tanto los datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística como, en su caso, el certificado de empadronamiento citado, servirán igualmente para acreditar la existencia de la unidad de convivencia a que se refiere el artículo 6.2.c) o de que el solicitante a que se refiere el artículo 4.1.b) vive solo o compartiendo domicilio con una unidad de convivencia de la que no forma parte. A los efectos de los datos relativos al Padrón municipal de conformidad con lo previsto en los párrafos anteriores, no se requerirá el consentimiento de las personas empadronadas en el domicilio del solicitante. La existencia de pareja de hecho se acreditará mediante certificación de la inscripción en alguno de los registros específicos existentes en las comunidades autónomas o ayuntamientos del lugar de residencia o documento público en el que conste la constitución de dicha pareja. Tanto la mencionada inscripción como la formalización del correspondiente documento público deberán haberse producido con una antelación mínima de dos años con respecto a la fecha de la solicitud de la prestación. El inicio de los trámites de separación o divorcio, o su existencia, se acreditará con la presentación de la demanda o con la correspondiente resolución judicial.
xEsmenes 78 (En comú podem) i 366 (Grup republicà) modificació art. 19.4 «4. (…) No obstante, cuando de la misma no pueda deducirse la coincidencia con los datos que se hayan hecho constar en la solicitud de la prestación se solicitará la aportación del correspondiente certificado de empadronamiento, histórico y colectivo del período requerido en cada supuesto, referidos a los domicilios donde residen o han residido los miembros de la unidad de convivencia, expedido por el Ayuntamiento en virtud de lo establecido en el artículo 83.3 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales  en la fecha de presentación de la solicitud, referidos a los domicilios donde residen los miembros de la unidad de convivencia, y se requerirá informe de los Servicios Sociales de referencia según lo establecido en los apartados 9 y 10 del artículo 19 en caso de discordancia.”  
xEsmena 392 (Grup republicà) addició nou paràgraf art. 19.4 «Las personas en situación de sinhogarismo que acrediten dicha condición podrán presentar en lugar del certificado de empadronamiento, un certificado de los servicios sociales autonómicos o municipales o por organizaciones del tercer sector debidamente habilitadas a través de la figura de entidades colaboradoras de la Administración General de Estado que contempla la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social. El procedimiento para esta habilitación se desarrollará reglamentariamente.»
 Esmena 105 (PDeCAT) modificació art. 19.3, .4 i .7 «Artículo 19. Acreditación de los requisitos.[…] 4. La existencia de la unidad de convivencia se acreditará con el libro de familia, certificado del registro civil, inscripción en un registro de parejas de hecho en los términos del artículo 221.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y certificado por el de empadronamiento en la misma vivienda. No obstante, la existencia de la unidad de convivencia en los términos previstos en el artículo 6.2 se acreditará por la información del padrón municipal con el certificado de empadronamiento donde conste todas las personas empadronadas en el domicilio del solicitante. Los requisitos de domicilio en España y de la existencia de unidad de convivencia en general y de convivencia en los términos previstos en el artículo 6.2 establecidos en el presente real decreto-ley, para el acceso y mantenimiento de la prestación económica de ingreso mínimo vital, se realizará por la entidad gestora conforme a la información que se recabe por medios telemáticos del Servicio de Verificación de Datos de Residencia (SVDR). En su solicitud, cada interesado autorizará expresamente a la administración gestora para que recabe sus datos de empadronamiento del Servicio de Verificación de Datos de Residencia. (…)

(1) Els apartats 4, 5, 6 i 7 de l’art. 19 van ser modificats per la disposició final onzena del RDL 28/2020, de 22 de setembre

Anàlisi i comentaris a l’article 19.4

L’esmena 244 (del Grup socialista) proposa el mateix text que va incorporar la disposició final onzena del RDL 28/2020, de 22 de setembre, i en el qual ja no s’exigeix el certificat d’empadronament, en preveure’s que l’INSS tindrà accés a les bases de dades de coordinació del padrons municipals de l’INE. Aquesta mateixa solució es pot aplicar a l’apartat 19.3, per a l’acreditació del domicili sense que calgui aportar un certificat d’empadronament, tal com ha proposat el PDeCAT.

Les esmenes 78  i 366 (del Grups En comú podem i Republicà, que són idèntiques) proposen la següent modificació del segon paràgraf de l’art. 19.4:

“No obstante, cuando de la misma no pueda deducirse la coincidencia con los datos que se hayan hecho constar en la solicitud de la prestación se solicitará la aportación del correspondiente certificado de empadronamiento, histórico y colectivo del período requerido en cada supuesto, referidos a los domicilios donde residen o han residido los miembros de la unidad de convivencia, expedido por el Ayuntamiento en virtud de lo establecido en el artículo 83.3 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales  en la fecha de presentación de la solicitud, referidos a los domicilios donde residen los miembros de la unidad de convivencia, y se requerirá informe de los Servicios Sociales de referencia según lo establecido en los apartados 9 y 10 del artículo 19 en caso de discordancia.”

Una nova esmena del Grup republicà, la núm. 392, sobre les persones sense llar, proposa l’addició a l’art. 19.4 del mateix text que ja ha proposat per a l’art. 19.3 anterior (a l’esmena 391).

Finalment, l’esmena 105 (del PDeCAT) proposa, de nou igual que ha fet en relació a l‘art. 19.3, la substitució de “certificat d’empadronament” per “l’empadronament”, comprovat per l’entitat gestora directament, sense que l’ineressat hagi d’aportar cap certificat. Tanmateix no s’han adonat que aquest article 19.4 ja havia estat modificat pel RDL 28/2020, suprimint l’acreditació mitjançant el certificat d’empadronament.

Projecte de llei (text inicial publicat al BOCG, amb les modificacions dels RDL posteriors al 20/2020)Esmenes parlamentàries
Article 19.5 5. La acreditación de haber vivido de forma independiente respecto a los progenitores, tutores o acogedores, durante al menos tres años conforme lo previsto en el artículo 7.2, se efectuará mediante los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística o, en su caso, el certificado de empadronamiento histórico y colectivo en el que consten todas las personas empadronadas en el domicilio del solicitante durante dicho periodo, de conformidad con lo previsto en el apartado 4.         A los efectos de los datos relativos al padrón municipal de conformidad con lo previsto en el apartado anterior, no se requerirá el consentimiento de las personas empadronadas en el domicilio del solicitante.Esmena 245 (Grup socialista) modificació art. 19.5 “5. La acreditación de haber vivido de forma independiente respecto a los progenitores, tutores o acogedores, durante al menos tres años conforme lo previsto en el artículo 7.2, se efectuará mediante los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística o, en su caso, el certificado de empadronamiento histórico y colectivo en el que consten todas las personas empadronadas en el domicilio del solicitante durante dicho periodo, de conformidad con lo previsto en el apartado 4. Se considera persona sin hogar aquella que carece de techo y reside habitualmente en el municipio y se acreditará mediante el empadronamiento en un domicilio ficticio en aplicación de las correspondientes instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal. A los efectos de los datos relativos al padrón municipal de conformidad con lo previsto en el apartado anterior, no se requerirá el consentimiento de las personas empadronadas en el domicilio del solicitante.”

Anàlisi i comentaris a l’article 19.5

L’esmena 245 (del Grup socialista) proposa la mateixa redacció que va introduir el RDL 28/2020, amb la novetat de proposar l’addició d’un nou paràgraf referit a les persones sense llar:

“Se considera persona sin hogar aquella que carece de techo y reside habitualmente en el municipio y se acreditará mediante el empadronamiento en un domicilio ficticio en aplicación de las correspondientes instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal.”

Projecte de llei (text inicial publicat al BOCG, amb les modificacions dels RDL posteriors al 20/2020)Esmenes parlamentàries
Article 19.6 6. La condición de víctima de violencia de género se acreditará por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. La condición de víctima de trata de seres humanos y de explotación sexual se acreditará a través de un informe emitido por los servicios públicos encargados de la atención integral a estas víctimas o por los servicios sociales, así como por cualquier otro medio de acreditación que se determine reglamentariamente.Esmena 246 (Grup socialista) modificació art. 19.6 “6. La condición de víctima de violencia de género se acreditará por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. La condición de víctima de trata de seres humanos y de explotación sexual se acreditará a través de un informe emitido por los servicios públicos encargados de la atención integral a estas víctimas o por los servicios sociales, así como por cualquier otro medio de acreditación que se determine reglamentariamente. La condición de persona de entre 18 y 22 años que provengan de centros residenciales de protección de menores se acreditará mediante el certificado expedido por la entidad que haya ostentado la acogida o tutela de la Comunidad Autónoma correspondiente. La discapacidad superior al 65% se acreditará con certificado del órgano competente de las Comunidades Autónomas y del IMSERSO en Ceuta y Melilla.”

Anàlisi i comentaris a l’article 19.6

L’esmena 246 (del Grup socialista) proposa la mateixa redacció que va introduir el RDL 28/2020, amb la novetat de proposar l’addició de dos nous paràgrafs:

“La condición de persona de entre 18 y 22 años que provengan de centros residenciales de protección de menores se acreditará mediante el certificado expedido por la entidad que haya ostentado la acogida o tutela de la Comunidad Autónoma correspondiente.

La discapacidad superior al 65% se acreditará con certificado del órgano competente de las Comunidades Autónomas y del IMSERSO en Ceuta y Melilla.”

Projecte de llei (text inicial publicat al BOCG, amb les modificacions dels RDL posteriors al 20/2020)Esmenes parlamentàries
Article 19.7 7. Los requisitos de ingresos y patrimonio establecidos en el presente real decreto-ley, para el acceso y mantenimiento de la prestación económica de ingreso mínimo vital, se realizará por la entidad gestora conforme a la información que se recabe por medios telemáticos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y en las Haciendas Tributarias Forales de Navarra y de los territorios históricos del País Vasco. A tales efectos, se tomará como referencia la información que conste en esas Haciendas Públicas respecto del ejercicio anterior a aquel en el que se realiza esa actividad de reconocimiento o control, o en su defecto, la información que conste más actualizada en dichas administraciones públicas. En su solicitud, cada interesado autorizará expresamente a la administración que tramita su solicitud para que recabe sus datos tributarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de los órganos competentes de las comunidades autónomas, de la Hacienda Foral de Navarra o diputaciones forales del País Vasco y de la Dirección General del Catastro Inmobiliario, conforme al artículo 95.1.k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria o, en su caso, en la normativa foral aplicable. Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de la cesión de datos tributarios legalmente prevista con ocasión de la colaboración en el descubrimiento de fraudes en la obtención y disfrute de prestaciones a la Seguridad Social de apartado 1.c) del citado artículo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria o, en su caso, en la normativa foral aplicable.Esmena 247 (Grup socialista) modificació art. 19.7 7.Los requisitos de ingresos y patrimonio establecidos en la presente Ley, para el acceso y mantenimiento de la prestación económica de ingreso mínimo vital, se realizará por la entidad gestora conforme a la información que se recabe por medios telemáticos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y en las Haciendas Tributarias Forales de Navarra y de los territorios históricos del País Vasco. A tales efectos, se tomará como referencia la información que conste en esas Haciendas Públicas respecto del ejercicio anterior a aquel en el que se realiza esa actividad de reconocimiento o control, o en su defecto, la información que conste más actualizada en dichas administraciones públicas. En su solicitud, cada interesado autorizará expresamente a la administración que tramita su solicitud para que recabe sus datos tributarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de los órganos competentes de las comunidades autónomas, de la Hacienda Foral de Navarra o diputaciones forales del País Vasco y de la Dirección General del Catastro Inmobiliario, conforme al artículo 95.1.k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria o, en su caso, en la normativa foral aplicable. Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de la cesión de datos tributarios legalmente prevista con ocasión de la colaboración en el descubrimiento de fraudes en la obtención y disfrute de prestaciones a la Seguridad Social de apartado 1.c) del citado artículo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria o, en su caso, en la normativa foral aplicable.”
xEsmenes 79 (En comú podem) i 367 (Grup republicà) modificació art. 19.7 7. Los requisitos de ingresos y patrimonio establecidos en el presente real decreto-ley, para el acceso y mantenimiento de la prestación económica de ingreso mínimo vital, se realizará por la entidad gestora conforme a la declaración responsable del solicitante y, en su caso, de la información que se recabe por medios telemáticos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y en las Haciendas Tributarias Forales de Navarra y de los territorios históricos del País Vasco. A tales efectos, se tomará como referencia la información que conste en esas Haciendas Públicas respecto del ejercicio anterior a aquel en el que se realiza esa actividad de reconocimiento o control, o en su defecto, la información que conste más actualizada en dichas administraciones públicas.
xEsmena 393 (Grup republicà) modificació primer paràgraf art. 19.5 (inicial, ara 7) «Los requisitos de ingresos y patrimonio establecidos en el presente real decreto-ley, para el acceso y mantenimiento de la prestación económica de ingreso mínimo vital, se realizará por la entidad gestora conforme a la información que se recabe por medios telemáticos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y en las Haciendas Tributarias Forales de Navarra y de los territorios históricos del País Vasco, así como de otros organismos públicos por interoperabilidad entre administraciones. A tales efectos, se tomará como referencia la información que conste en las Haciendas Públicas u otros organismos respecto del ejercicio anterior o los meses del año en curso transcurridos hasta la solicitud, a aquel en el que se realiza esa actividad de reconocimiento o control, o en su defecto, la información que conste más actualizada en dichas administraciones públicas.»

Anàlisi i comentaris a l’article 19.7

L’esmena 247 (del Grup socialista) reprodueix el mateix text que va introduir el RDL 28/2020, sens cap innovació.

Altres esmenes dels grups parlamentaris proposen les següents modificacions de l’art. 19.7:

  • Les esmens 79 i 367 (del Grup En comú podem i Republicà, que són idèntiques) proposen afegir la declaració responsable del sol·licitant sobre els ingressos i patrimoni, i la supressió del darrer punt-i-seguit del primer paràgraf: A tales efectos, se tomará como referencia la información que conste en esas Haciendas Públicas respecto del ejercicio anterior a aquel en el que se realiza esa actividad de reconocimiento o control, o en su defecto, la información que conste más actualizada en dichas administraciones públicas.
  • Una altra esmena posterior del Grup republicà (la núm. 393) no inclou les novetats de la 367, ja que proposa mantenir el text inicial del projecte de Llei, afegint “así como de otros organismos públicos por interoperabilidad entre administraciones” i respecto del ejercicio anterior o los meses del año en curso transcurridos hasta la solicitud”.
Projecte de llei (text inicial publicat al BOCG, amb les modificacions dels RDL posteriors al 20/2020)Esmenes parlamentàries
Article 19.8 8. En ningún caso será exigible al solicitante la acreditación de hechos, datos o circunstancias que la Administración de la Seguridad Social deba conocer por sí misma, tales como la situación del beneficiario en relación con el sistema de la Seguridad Social; o la percepción por los miembros de la unidad de convivencia de otra prestación económica que conste en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas.»Esmena 248 (Grup socialista) modificació art. 19.8, 9 y 10 “8. En ningún caso será exigible al solicitante la acreditación de hechos, datos o circunstancias que la Administración de la Seguridad Social deba conocer por sí misma, tales como la situación del beneficiario en relación con el sistema de la Seguridad Social; o la percepción por los miembros de la unidad de convivencia de otra prestación económica que conste en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas.
 Esmena 105 (PDeCAT) modificació art. 19.3, .4 i .7 «Artículo 19. Acreditación de los requisitos.[…] 7. En ningún caso será exigible al solicitante la acreditación de hechos, datos o circunstancias que la Administración en general, y de la Administración de la Seguridad Social, en particular, deba conocer por sí misma, tales como el empadronamiento y la residencia, la situación del beneficiario en relación con el sistema de la Seguridad Social; o la percepción por los miembros de la unidad de convivencia de otra prestación económica que conste en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas.»
xEsmena 91 (En comú podem) addició nou apartat a l’art. 198. La condición de víctima de violencia de género se acreditará por cualquiera de los medios establecidos en el art. 23 de la Ley Orgánica 1/2004 … … La condición de víctima de trata de seres humano y de explotación sexual se acreditará a través de un informe … …  

Anàlisi i comentaris a l’article 19.8

L’esmena 248 (del Grup socialista) reprodueix el mateix text de l’art. 19.8 que va introduir el RDL 28/2020, sens cap innovació.

L’esmena 105 (del PDeCAT) insisteix en el fet que no sigui exigible al sol·licitant de l’acreditació de l’empadronament i la residència, ja que les administracions poden comprovar-ho per elles mateixes.

L’esmena 91 (del Grup En comú podem) proposa les formes d’acreditar la condició de víctima de violència de gènere i de trata d’éssers humans.

Projecte de llei (text inicial publicat al BOCG, amb les modificacions dels RDL posteriors al 20/2020)Esmenes parlamentàries
Article 19.9 «9. Se requerirá un certificado expedido por los servicios sociales competentes cuando fuera necesario para acreditar los siguientes requisitos: a) A los efectos de lo previsto en el artículo 7.1.a), la residencia efectiva en España de las personas que a la fecha de la solicitud se encuentren empadronadas en un domicilio ficticio en aplicación de las correspondientes instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal. b) El carácter temporal de la prestación de servicio residencial, de carácter social, sanitario o sociosanitario, de la que sea usuario el solicitante de la prestación de ingreso mínimo vital. c) El domicilio real de la persona que alegara no vivir en el que consta en el empadronamiento. d) La inexistencia de los vínculos previstos en el artículo 6.1, cuando en el mismo domicilio, además de los solicitantes del ingreso mínimo vital unidos por dichos vínculos, se encuentren empadronadas otras personas con las que se alegue no tener lazos de parentesco, de consanguinidad o de afinidad, ni haber constituido una pareja de hecho. e) La inexistencia de los vínculos previstos en el artículo 6.1, entre todos o parte de los convivientes cuando uno de ellos solicitare el ingreso mínimo vitral al amparo de lo dispuesto en artículo 6 quater. f) El cumplimiento de los requisitos establecidos en los apartados 2 y 3 del artículo 7, relativos, respectivamente, a la acreditación de haber vivido de forma independiente en España y a la acreditación de formar parte de una unidad de convivencia durante al menos el año anterior a la presentación de la solicitud.  Esmena 248 (Grup socialista) modificació art. 19.8, 9 y 10 «9. Se requerirá un certificado expedido por los servicios sociales competentes cuando fuera necesario para acreditar los siguientes requisitos: a) A los efectos de lo previsto en el artículo 7.1.a), la residencia efectiva en España de las personas que a la fecha de la solicitud se encuentren empadronadas en un domicilio ficticio en aplicación de las correspondientes instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal. b) El carácter temporal de la prestación de servicio residencial, de carácter social, sanitario o sociosanitario, de la que sea usuario el solicitante de la prestación de ingreso mínimo vital. c) El domicilio real de la persona que alegara no vivir en el que consta en el empadronamiento. d) La inexistencia de los vínculos previstos en el artículo 6.1, cuando en el mismo domicilio, además de los solicitantes del ingreso mínimo vital unidos por dichos vínculos, se encuentren empadronadas otras personas con las que se alegue no tener lazos de parentesco, de consanguinidad o de afinidad, ni haber constituido una pareja de hecho. e) La inexistencia de los vínculos previstos en el artículo 6.1, entre todos o parte de los convivientes cuando uno de ellos solicitare el ingreso mínimo vitral al amparo de lo dispuesto en artículo 6 quater. f) El cumplimiento de los requisitos establecidos en los apartados 2 y 3 del artículo 7, relativos, respectivamente, a la acreditación de haber vivido de forma independiente en España y a la acreditación de formar parte de una unidad de convivencia durante al menos el año anterior a la presentación de la solicitud.  
xEsmena 432 (PNB) modificació art. 19.9, .10 i .11 «Artículo 19. Acreditación de los requisitos. […] 9. Se requerirá la aportación de documentación acreditativa; expedida por el órgano competente, cuando fuera necesario para acreditar los siguientes requisitos: a) A los efectos de lo previsto en el artículo 7.1.a), la residencia efectiva en España de las personas que a la fecha de la solicitud se encuentren empadronadas en un domicilio ficticio en aplicación de las correspondientes instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal. b) El carácter temporal de la prestación de servicio residencial, de carácter social, sanitario o sociosanitario, de la que sea usuario el solicitante de la prestación de ingreso mínimo vital. c) La situación de riesgo de exclusión social en los supuestos del artículo 6 quater.  

(1) Els apartats 9 i 10 de l‘art. 19 van ser incorporats per l’article 3 del RDL 3/2021, de 3 de febrer

Anàlisi i comentaris a l’article 19.9

L’esmena 248 (del Grup socialista) reprodueix, literalment, el text dels nous apartats 9 i 10 que van ser incorporats pel RDL 3/2021, de 3 de febrer.

L’esmena 432 (del PNB) restringeix laportació de documentació acreditativa només a tres situacions.

Projecte de llei (text inicial publicat al BOCG, amb les modificacions dels RDL posteriors al 20/2020)Esmenes parlamentàries
Article 19.10 10. En todo caso, se requerirá certificado expedido por los servicios sociales competentes para acreditar el riesgo de exclusión social en los supuestos del artículo 6 quater.»Esmena 248 (Grup socialista) modificació art. 19.8, 9 y 10 10. En todo caso, se requerirá certificado expedido por los servicios sociales competentes para acreditar el riesgo de exclusión social en los supuestos del artículo 6 quater.»
xEsmena 432 (PNB) modificació art. 19.9, .10 i .11 «Artículo 19. Acreditación de los requisitos. 10. Las personas solicitantes del Ingreso Mínimo Vital podrán acompañar a la solicitud una declaración responsable en la que manifiesten expresamente, bajo su responsabilidad, que concurren las siguientes situaciones en cumplimiento de los requisitos de acceso establecidos en el presente Real Decreto-ley: a) El domicilio real de la persona que alegara no vivir en el que consta en el empadronamiento. b) La inexistencia de los vínculos previstos en el artículo 6.1, cuando en el mismo domicilio, además de los solicitantes del ingreso mínimo vital unidos por dichos vínculos, se encuentren empadronadas otras personas con las que se alegue no tener lazos de parentesco, de consanguinidad o de afinidad, ni haber constituido una pareja de hecho. c) La inexistencia de los vínculos previstos en el artículo 6.1, entre todos o parte de los convivientes cuando uno de ellos solicitare el ingreso mínimo vitral al amparo de lo dispuesto en artículo 6 quater. d) El cumplimiento de los requisitos establecidos en los apartados 2 y 3 del artículo 7, relativos, respectivamente, a la acreditación de haber vivido de forma independiente en España y a la acreditación de formar parte de una unidad de convivencia durante al menos el año anterior a la presentación de la solicitud. 11. Con la periodicidad que se establezca reglamentariamente deberá comunicarse a la entidad gestora del Ingreso Mínimo Vital, el mantenimiento o modificación de las situaciones previstas en los párrafos 9.c) y 10.b) y c) de este artículo, en la forma establecida en los mismos.» Se propone suprimir el artículo 19 bis ya que se ha incorporado el texto actual en el nuevo apartado 11 del artículo 19.

(1) Els apartats 9 i 10 de l‘art. 19 van ser incorporats per l’article 3 del RDL 3/2021, de 3 de febrer

Anàlisi i comentaris a l’article 19.10

L’esmena 248 (del Grup socialista) reprodueix, literalment, el text dels nous apartats 9 i 10 que van ser incorporats pel RDL 3/2021, de 3 de febrer.

L’esmena 432 (del PNB) detalla les situacions (per exemple, el domicili, la inexistència de vincles familiars, el fet de viure de forma independent) en les quals no cal aportar documentació, ja que bastarà amb una declaració responsable que acompanyi la sol·licitud de l’IMV. Així mateix, incorpora amb encert (com a nou apartat 11) el text de l’art. 19 bis.

Projecte de llei (text inicial publicat al BOCG, amb les modificacions dels RDL posteriors al 20/2020)Esmenes parlamentàries
  «Artículo 19.bis. Obligación de comunicar a la entidad gestora de la prestación. Con carácter anual, los servicios sociales comunicarán a la entidad gestora el mantenimiento o modificación de los informes previstos en los párrafos d) y e) del artículo 19.9, así como del informe de exclusión social establecido en el artículo 19.10.»Esmena 249 (Grup socialista) modificació art. 19 bis «Artículo 19.bis. Obligación de comunicar a la entidad gestora de la prestación. Con carácter anual, los servicios sociales comunicarán a la entidad gestora el mantenimiento o modificación de los certificados previstos en los párrafos d) y e) del artículo 19.9, así como del informe de exclusión social establecido en el artículo 19.10.»

(1) L‘art. 19 bis va ser incorporat per l’article 3 del RDL 3/2021, de 3 de febrer

Anàlisi i comentaris a l’article 19 bis

L’esmena 249 (del Grup socialista) reprodueix el contingut del nou art. 19 bis, que va ser incorporat per l’article 3 del RDL 3/2021, de 3 de febrer, amb l’exclusiva substitució de la paraula “informes” per “certificats”.

Conclusions

L’excès de burocràcia exigida pel projecte de Llei queda palès en aquest article 19, sobre l’acreditació dels requisits exigits per accedir a l’IMV.

Hi ha un total de 10 extensos apartats, alguns d’ells subdividits en diversos subapartats o paràgrafs:

  • Apartat 1: 1 paràgraf
  • Apartat 2: 1 paràgraf
  • Apartat 3: 1 paràgraf
  • Apartat 4: 6 paràgrafs
  • Apartat 5: 2 paràgrafs
  • Apartat 6: 2 paràgrafs
  • Apartat 7: 3 paràgrafs
  • Apartat 8: 1 paràgraf
  • Apartat 9: 6 subapartats
  • Apartat 10: 1 paràgraf

En resum, l’article 19 conté 10 apartats, amb 24 paràgrafs o subapartats.

Si a continuació, analitzem el contingut d’aquesta norma tan detallada, podem enumerar tots els documents per a l’acreditació dels requisits o els mitjans d’acreditació que s’hi esmenten (al text original del projecte de Llei i a les propostes de modificació del Grup socialista).

  1. DNI / llibre de família / certificat literal de naixement
  2. Document nacional d’identitat del país d’orígen / document oficial on s’assigni el NIE / passaport
  3. Inscripció en el registre central d’estrangers / targeta de familiar de ciutadà de la Unió / autorització de residència en qualsevol modalitat
  4. Certificat d’empadronament
  5. Llibre de família / certificat del registre civil / dades obtingudes de l’INE sobre inscripció en el padró municipal
  6. Certificat d’empadronament històric i col·lectiu de tots els membres de la unitat de convivència
  7. Certificat de la inscripció com a parella de fet en un registre específic autonòmic o municipal
  8. Demanda de separació o divorci / resolució judicial de separació o divorci
  9. Dades facilitades per l’INE sobre la vida independent en relació amb els progenitors / certificat d’empadronament històric i col·lectiu de tots els membres de la unitat de convivència
  10. Empadronament en un domicili fictici (persones sense llar)
  11. Sentència condemnatòria per un delicte de violència de gènere / ordre de protecció de la víctima / qualsevol altra resolució judicial que acordi una mesura cautelar a favor de la víctima / informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis de violència de gènere / informe dels serveis socials / informe dels serveis especialitzats / informe dels serveis d’acollida de víctimes de violència de gènere / per qualsevol altre títol regulat a la normativa corresponent
  12. Informe dels serveis públics encarregats de l’atenció integral a les víctimes de trata d’éssers humans / informe dels serveis socials / qualsevol altre mitjà d’acreditació reglamentària
  13. Certificat expedit per l’entitat d’acollida o tutela de menors
  14. Certificat de discapacitat de l’òrgan competent autonòmic / certificat de l’IMSERSO a Ceuta i Melilla
  15. Dades tributàries de l’AEAT, dels òrgans competents de les CCAA, de la Hisenda Foral de Nabarra o de les diputacions forals del País Basc / de la Direcció General del Catastre Immobiliari
  16. Situació de beneficiari del Sistema de la Seguretat Social / percepció d’una prestació econòmica que consti al Registre de Prestacions Socials Públiques
  17. Certificat expedit pels serveis socials competents per acreditar l’empadronament en un domicili fictici / el caràcter temporal de la prestació de servei residencial, de caràcter social, sanitari o sociosanitari / el domicili real de la persona que al·legui no viure al domicili que figura a l’empadronament / la inexistència de vincles familiars de persones que conviuen en un mateix domicili / el compliment dels requisits d’haver viscut de forma independent / el risc d’exclusió social de les persones que conviuen en un mateix domicili sense formar unitat de convivència

En aquests 17 blocs de requisits que han de ser acreditats d’una forma o altra (pel propi interessat o per l’administració pública competent) s’esmenten 43 documents, certificats, informes, situacions, sentències, inscripcions en registres, demandes judicials… diferents que han de demostrar que els sol·licitants reuneixen tots i cadascun dels requisits exigits per accedir al dret de l’IMV. Amb aquesta teranyina de burocràcia documental, no m’estranya que la majoria dels sol·licitants tinguin greus dificultats per aportar tota la paperassa que se’ls exigeix i, com a conseqüència, a moltíssims els és impossible demostrar la seva vulnerabilitat i no aconsegueixen accedir a l’ingrés mínim vital, malgrat que es trobin en situació de pobresa severa.

La tramitació del projecte de Llei hauria de permetre reduir tota aquesta burocràcia perniciosa, que l’únic que fa és impedir que moltíssimes persones en situació de pobresa puguin accedir a l’IMV.

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Esmenes parlamentàries al projecte de Llei per la qual s’estableix l’ingrés mínim vital. Articles 16-18

Capítol III Acció protectora (articles 9-20)

Projecte de llei (text inicial publicat al BOCG, amb les modificacions dels RDL posteriors al 20/2020)Esmenes parlamentàries
«Artículo 16. Incompatibilidad del ingreso mínimo vital con la asignación por hijo o menor a cargo. (1) La percepción de la prestación de ingreso mínimo vital será incompatible con la percepción de la asignación económica por hijo o menor a cargo, sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento, cuando exista identidad de causantes o beneficiarios de esta. En el supuesto de que la cuantía de la prestación de ingreso mínimo vital sea superior a la de la asignación económica por hijo o menor a cargo referida en el párrafo anterior, se reconocerá el derecho a la prestación de ingreso mínimo vital. Dicho reconocimiento extinguirá el derecho a la asignación por hijo o menor a cargo. En el supuesto de que la cuantía de la prestación de ingreso mínimo vital sea inferior a la de la asignación económica por hijo o menor a cargo, y el interesado optara por la primera, su reconocimiento extinguirá el derecho a la asignación económica por hijo o menor a cargo. Si optara por la asignación económica por hijo o menor a cargo, se denegará por esta causa la solicitud de la prestación de ingreso mínimo vital.»Esmena 241 (Grup socialista) supressió art. 16   Esmena 389 (Grup republicà) supressió art. 16   Esmena 102 (PDeCATP) supressió art. 16  
xEsmena 144 (Sr. Rego) modificació art. 16 «Artículo 16. Compatibilidad de la renta de inserción social y laboral con la asignación por hijo o menor a cargo. La percepción de la prestación de la renta de inserción social y laboral será compatible con la percepción de la asignación económica por hijo o menor acogido a cargo, sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento, cuando exista identidad de causantes o beneficiarios de esta, de forma que la renta de inserción social y laboral tendrá la cuantía necesaria para que la suma de ambas suponga el 60 % del salario mínimo.»
 Esmena 12 (Sr. Errejón) modificació art. 16 «Artículo 16. InCompatibilidad del ingreso mínimo vital con la asignación por hijo o menor a cargo. La percepción de la prestación del ingreso mínimo vital es compatible con la percepción de las asignaciones económicas por hijo o por menor acogido a cargo, incluidas las que corresponden a menores sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 %. Las prestaciones familiares por menores a cargo, contributivas o no contributivas, no son computables a efectos del cálculo de la cuantía del ingreso mínimo vital.»

(1) Aquest art. 16 va ser modificat per la disposició final cinquena, apartat Vuit del RDL 30/2020, de 29 de setembre

Anàlisi i comentaris a l’article 16

Les esmenes 241 (del Grup socialista), 389 (del Grup republicà) i 102 (del PDeCAT) proposen la supressió de l’article 16, que regula la incompatibilitat de l’IMV amb l’assignació per fill o menor a càrrec, amb les següents justificacions:

  • En coherència amb la proposta de modificació de la DT 7a (esmena socialista);
  • Les dues prestacions han de ser compaibles per no generar perjudici (esmena republicana) i
  • Perquè l’IMV no cobreix les despeses dels fills o menors a càrrec (esmena del PDeCAT).

Les esmenes 144 (del Sr. Rego) i 12 (del Sr. Errejón) proposen la modificació del precepte amb les mateixes conseqüències que la supressió, ja que proposen regular la comptibilitat entre les dues prestacions, en lloc de la incompatibilitat.

Projecte de llei (text inicial publicat al BOCG, amb les modificacions dels RDL posteriors al 20/2020)Esmenes parlamentàries
Artículo 17. Reintegro de prestaciones indebidamente percibidas. 1. El Instituto Nacional de la Seguridad Social podrá revisar de oficio, en perjuicio de los beneficiarios, los actos relativos a la prestación de ingreso mínimo vital, siempre que dicha revisión se efectúe dentro del plazo máximo de cuatro años desde que se dictó la resolución administrativa que no hubiere sido impugnada. Asimismo, en tal caso podrá de oficio declarar y exigir la devolución de las prestaciones indebidamente percibidas. La entidad gestora, podrá proceder en cualquier momento a la rectificación de errores materiales o de hecho y los aritméticos, así como las revisiones motivadas por la constatación de omisiones o inexactitudes en las declaraciones del beneficiario, así como a la reclamación de las cantidades que, en su caso, se hubieran percibido indebidamente por tal motivo. En supuestos distintos a los indicados en los párrafos anteriores, la revisión en perjuicio de los beneficiarios se efectuará de conformidad con el artículo 146 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.Esmena 115 (Junts per Catalunya) modificació art. 17   «Artículo 17. Reintegro de prestaciones indebidamente percibidas. 1. El Instituto Nacional de ia Seguridad Social o, preferentemente, el organismo que desarrolle las competencias correspondientes en las comunidades autónomas, podrá revisar de oficio, en perjuicio de los beneficiarios, los actos relativos a la prestación de ingreso mínimo vital, siempre que dicha revisión se efectúe dentro del plazo máximo de cuatro años desde que se dictó la resolución administrativa que no hubiere sido impugnada. Asimismo, en tal caso podrá de oficio declarar y exigir la devolución de las prestaciones indebidamente percibidas. La entidad gestora, podrá proceder en cualquier momento a la rectificación de errores materiales o de hecho y los aritméticos, así como las revisiones motivadas por la constatación de omisiones o inexactitudes en las declaraciones del beneficiario, así como a la reclamación de las cantidades que, en su caso, se hubieran percibido indebidamente por tal motivo. En supuestos distintos a los indicados en los párrafos anteriores, la revisión en perjuicio de los beneficiarios se efectuará de conformidad con el artículo 146 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, o la que corresponda en ejercicio de las competencias autonómicas. […]»
2. Cuando mediante resolución se acuerde la extinción o la modificación de la cuantía de la prestación como consecuencia de un cambio en las circunstancias que determinaron su cálculo y no exista derecho a la prestación o el importe a percibir sea inferior al importe percibido, los beneficiarios de la prestación vendrán obligados a reintegrar las cantidades indebidamente percibidas, mediante el procedimiento establecido en el Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero, por el que se regula el procedimiento especial para el reintegro de las prestaciones de la Seguridad Social indebidamente percibidas, y en el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio. Serán responsables solidarios del reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas los beneficiarios y todas aquellas personas que en virtud de hechos, omisiones, negocios o actos jurídicos participen en la obtención de una prestación de forma fraudulenta. Serán exigibles a todos los responsables solidarios el principal, los recargos e intereses que deban exigirse a ese primer responsable, y todas las costas que se generen para el cobro de la deuda. 
3. En los supuestos previstos en los apartados anteriores, transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario sin pago de la deuda, se aplicarán los correspondientes recargos y comenzará el devengo de intereses de demora, sin perjuicio de que estos últimos solo sean exigibles respecto del período de recaudación ejecutiva. En los supuestos que se determinen reglamentariamente, la entidad gestora podrá acordar compensar la deuda con las mensualidades del ingreso mínimo vital hasta un determinado porcentaje máximo de cada mensualidad. 

Anàlisi i comentaris a l’article 17

L’esmena 115 (de Junts per Caatalunya) proposa la inclusió en aquest article 17, al costat del INSS, de l’organisme que desenvolupi les competències corresponents a les comunitats autònomes, d’acord amb la següent justificació:

“El ingreso mínimo vital se ha configurado como una prestación no contributiva de la Seguridad Social cuya gestión y reconocimiento han sido regulados de forma pormenorizada y detallada, constituyendo de este modo en una norma de carácter reglado, ello debería de favorecer el reconocimiento del ejercicio de las competencias de carácter ejecutivo que la Generalitat tiene atribuidas en exclusiva sobre asistencia social (art. 166 EAC) y sobre desarrollo y ejecución en materia de Seguridad Social (art. 165 EAC) estableciéndose que la gestión completa de dicha prestación corresponda a la Generalitat. Las limitaciones que se incorporan, condicionando la posibilidad de la tramitación del ingreso mínimo vital, por parte de la Generalitat solo como mera posibilidad residual y previa firma de un convenio que la habilite, y reservando en exclusiva la resolución y control de la prestación económica a la instancia estatal, del INSS, así como el resto de limitaciones de diversas facultades de ejecución (revisión de oficio, la gestión del distintivo, la tramitación y resolución de la prestación transitoria para 2020 del ingreso mínimo vital) se consideran inconstitucionales y que vulneran las competencias que se han atribuido a la Generalitat en el ámbito de los servicios sociales (art. 166 EAC) y sobre desarrollo y ejecución de la Seguridad Social (art. 165 EAC).”

Projecte de llei (text inicial publicat al BOCG, amb les modificacions dels RDL posteriors al 20/2020)Esmenes parlamentàries
Artículo 18. Cómputo de los ingresos y patrimonio. 1. El cómputo de los ingresos del ejercicio anterior se llevará a cabo atendiendo a las siguientes reglas: a) Con carácter general las rentas se computarán por su valor íntegro, excepto las procedentes de actividades económicas, de arrendamientos de inmuebles o de regímenes especiales, que se computarán por su rendimiento neto. b) Los rendimientos procedentes de actividades económicas, las ganancias patrimoniales generadas en el ejercicio y de los regímenes especiales, se computarán por la cuantía que se integra en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o normativa foral correspondiente según la normativa vigente en cada período.             c) Cuando el beneficiario disponga de bienes inmuebles arrendados, se tendrán en cuenta sus rendimientos como ingresos menos gastos, antes de cualquier reducción a la que tenga derecho el contribuyente, y ambos determinados, conforme a lo dispuesto al efecto en la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, o normativa foral correspondiente, aplicable a las personas que forman la unidad de convivencia. Si los inmuebles no estuviesen arrendados, los ingresos computables se valorarán según las normas establecidas para la imputación de rentas inmobiliarias en la citada normativa y correspondiente norma foral. d) Computará como ingreso el importe de las pensiones y prestaciones, contributivas o no contributivas, públicas o privadas.Esmena 242 (Grup socialista) modificació art. 18 “Artículo 18. Cómputo de los ingresos y patrimonio. 1. El cómputo de los ingresos del ejercicio anterior se llevará a cabo atendiendo a las siguientes reglas: a) Con carácter general las rentas se computarán por su valor íntegro, excepto las procedentes de actividades económicas, de arrendamientos de inmuebles o de regímenes especiales, que se computarán por su rendimiento neto. b) Los rendimientos procedentes de actividades económicas, las ganancias patrimoniales generadas en el ejercicio y de los regímenes especiales, se computarán por la cuantía que se integra en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o normativa foral correspondiente según la normativa vigente en cada período. c) Las ganancias patrimoniales generadas en el ejercicio se computarán por la cuantía que se integra en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o normativa foral correspondiente según la normativa vigente en cada período, minorada de cualquiera de las ayudas públicas contempladas en el apartado f). d) Cuando el beneficiario disponga de bienes inmuebles arrendados, se tendrán en cuenta sus rendimientos como ingresos menos gastos, antes de cualquier reducción a la que tenga derecho el contribuyente, y ambos determinados, conforme a lo dispuesto al efecto en la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, o normativa foral correspondiente, aplicable a las personas que forman la unidad de convivencia. Si los inmuebles no estuviesen arrendados, los ingresos computables se valorarán según las normas establecidas para la imputación de rentas inmobiliarias en la citada normativa y correspondiente norma foral. e) Computará como ingreso el importe de las pensiones y prestaciones, contributivas o no contributivas, públicas o privadas.
e) Se exceptuarán del cómputo de rentas: 1.º Los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las comunidades autónomas. 2.º Las prestaciones y ayudas económicas públicas finalistas que hayan sido concedidas para cubrir una necesidad específica de cualquiera de las personas integrantes de la unidad de convivencia, tales como becas o ayudas para el estudio, ayudas por vivienda, ayudas de emergencia, y otras similares. 3.º Las rentas exentas a las que se refieren los párrafos b), c), d), i), j), n), q), r), s), t) e y) del artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.f) Se exceptuarán del cómputo de rentas: 1º Las rentas exentas a las que se refieren los párrafos b), c), d), i), j), n), q), r), s), t), x) e y) del artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. 2º Las becas y ayudas para el estudio y las ayudas de vivienda, tanto por alquiler como para adquisición. 3º La pensión compensatoria satisfecha de conformidad con lo previsto en el artículo 93 del Código Civil. 4º La pensión de alimentos en favor de los hijos abonada de conformidad con lo previsto en artículo 93 del Código Civil.
xEsmena 76 (En comú podem) modificació art. 18.1 1. El cómputo de los ingresos del ejercicio anterior de las personas titulares, beneficiarias, y miembros de la unidad de convivencia se llevará a cabo atendiendo a las siguientes reglas:” Esmena 63 (Sr. Errejón) modificació art. 18.1 «Artículo 18. Cómputo de ingresos y patrimonio. El cómputo de los ingresos de los dos meses anteriores a la solicitud de la prestación del IMV se llevará a cabo atendiendo a las siguientes reglas: […]» Esmena 364 (Grup republicà) modificació art. 18.1 «1. El cómputo de los ingresos del ejercicio anterior de las personas titulares, beneficiarias, y miembros de las unidad de convivencia se llevará a cabo atendiendo a las siguientes reglas:»
xEsmena 44 (En comú podem) addició art. 18.1.e) Es proposa afegir 4 apartats: 4º Prestaciones o ayudas públicas de dependencia 5º Prestaciones por desempleo 6º Pensiones compensatorias y anualidades por alimentos no satisfechas 7º Cuantía de las pensiones compensatorias a favor del cónyuge Esmena 67 (En comú podem) modificació art. 18.1.e) Además de los apartados 4º a 7º de la enmienda 44, ahora se añade un nuevo apartado: 8º Prestaciones o ayudas públicas orientadas a revertir la pobreza infantil.
xEsmena 347 (Grup republicà) addició 4º i 5º a l’art. 18.1.e) «4.º La pensión de alimentos de los hijos acordada mediante resolución judicial, reconocida e impagada. 5.º Prestaciones o ayudas concedidas en el marco de la Ley de Dependencia.» Esmena 37 (Sr. Baldoví) modificació art. 18.1.e «4.º La pensión de alimentos de los hijos acordada mediante resolución judicial reconocida e impagada.» Esmena 103 (PDeCAT) modificció art. 18.1.e) “4.º Prestaciones o pensiones concedidas por razón de la existencia de una discapacidad.»
  2. Para el cómputo de ingresos se tendrán en cuenta los obtenidos por los beneficiarios durante el ejercicio anterior a la solicitud. El importe de la prestación será revisado cada año teniendo en cuenta la información de los ingresos del ejercicio anterior. Para determinar en qué ejercicio se han obtenido los ingresos se adoptará el criterio fiscal.Esmena 242 (Grup socialista) modificació art. 18 2. Para el cómputo de ingresos se tendrán en cuenta los obtenidos por los beneficiarios durante el ejercicio anterior a la solicitud. El importe de la prestación será revisado cada año teniendo en cuenta la información de los ingresos del ejercicio anterior. Para determinar en qué ejercicio se han obtenido los ingresos se adoptará el criterio fiscal.
xEsmena 77 (En comú podem) modificació art. 18.2 2. Para el cómputo de ingresos se tendrán en cuenta los obtenidos por los beneficiarios durante el ejercicio trimestre anterior a la solicitud. El importe de la prestación será revisado cada año teniendo en cuenta la información de los ingresos del ejercicio anterior. Para determinar en qué ejercicio se han obtenido los ingresos se adoptará el criterio fiscal. Esmena 365 (Grup republicà) modificació art. 18.2 «2. Para el cómputo de ingresos se tendrán en cuenta los obtenidos por los beneficiarios durante el ejercicio corriente y, en su caso, podrá regularizase la cuantía derivada del ejercicio anterior en base a los ingresos realmente obtenidos en dicho ejercicio anterior a la solicitud. El importe de la prestación será revisado cada año teniendo en cuenta la información de dichos ingresos. Para determinar en qué ejercicio se han obtenido los ingresos se adoptará el criterio fiscal.» Esmena 64 (Sr. Errejón) modificació art. 18.2 «2. Para el cómputo de Ingresos se tendrán en cuenta los obtenidos por los beneficiarios durante los dos meses anteriores a la solicitud. El importe de la prestación será revisado cada año teniendo en cuenta la información de los ingresos del ejercicio anterior. Para determinar en qué ejercicio se han obtenido los ingresos se adoptará el criterio fiscal.» Esmena 390 (Grup republicà) modificació primer paràgraf art. 18.2 «Para el cómputo de ingresos se tendrán en cuenta los obtenidos por los beneficiarios durante el ejercicio anterior a la solicitud o en los meses del año en curso transcurridos hasta la solicitud. El importe de la prestación será revisado cada año teniendo en cuenta la información de los ingresos del ejercicio anterior. Para determinar en qué ejercicio se han obtenido los ingresos se adoptará el criterio fiscal.»
  3. Para la determinación de los rendimientos mensuales de las personas que forman la unidad de convivencia se computa el conjunto de rendimientos o ingresos de todos los miembros, de acuerdo con lo establecido en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. No se computarán las rentas previstas en el apartado 1.e). A la suma de ingresos detallados anteriormente se restará el importe del Impuesto sobre la renta devengado y las cotizaciones sociales.Esmena 242 (Grup socialista) modificació art. 18 3. Para la determinación de los rendimientos mensuales de las personas que forman la unidad de convivencia se computa el conjunto de rendimientos o ingresos de todos los miembros, de acuerdo con lo establecido en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. No se computarán las rentas previstas en el apartado 1.f). A la suma de ingresos detallados anteriormente se restará el importe del Impuesto sobre la renta devengado y las cotizaciones sociales.
  4. Se considera patrimonio la suma de los activos no societarios, sin incluir la vivienda habitual, y el patrimonio societario neto, tal como se definen en los siguientes apartados.Esmena 242 (Grup socialista) modificació art. 18 4. Se tendrá en cuenta el patrimonio neto de la persona sola o de la unidad de convivencia, que estará determinado por la suma del patrimonio societario neto más el patrimonio no societario neto: a) El patrimonio societario neto incluye el valor de las participaciones en el patrimonio de las sociedades en las que participen de forma directa alguno de los miembros de la unidad de convivencia, con excepción de las valoradas dentro de los activos no societarios. b) El patrimonio no societario neto incluye el valor de los activos no societarios y se descuenta el pasivo no societario que tuviera asociado.
  5. Los activos no societarios son la suma de los siguientes conceptos: a) Los inmuebles, excluida la vivienda habitual. b) Las cuentas bancarias y depósitos. c) Los activos financieros en forma de valores, seguros y rentas y las participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva. d) Las participaciones en planes, fondos de pensiones y sistemas alternativos similares.Esmena 242 (Grup socialista) modificació art. 18 Los activos no societarios son la suma de los siguientes conceptos: a) Los inmuebles, excluida la vivienda habitual. b) Las cuentas bancarias y depósitos. c) Los activos financieros en forma de valores, seguros y rentas y las participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva. d) Las participaciones en planes, fondos de pensiones y sistemas alternativos similares. Los pasivos no societarios incluirán las deudas y créditos existentes sobre los activos no societarios a fecha de presentación de la solicitud, excluidos los asociados a la vivienda habitual.
  6. El patrimonio societario neto incluye el valor de las participaciones en el patrimonio de sociedades en las que participen de forma directa o indirecta alguno de los miembros de la unidad de convivencia, con excepción de las valoradas dentro de los activos no societarios.Esmena 242 (Grup socialista) modificació art. 18 5. Los activos no societarios se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios: El patrimonio societario neto se valorará, para cada uno de los miembros de la unidad de convivencia, aplicando los porcentajes de participación en el capital de las sociedades no incluidas dentro de los activos no societarios, al valor el patrimonio neto de dichas sociedades consignado en las últimas declaraciones tributarias para las que haya finalizado el ejercicio fiscal para todos los contribuyentes.
7. Los activos no societarios se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios: a) Los activos inmobiliarios de carácter residencial de acuerdo con el valor de referencia de mercado al que se hace referencia en al artículo 3.1 y la disposición final tercera del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, y, en ausencia de este valor, por el valor catastral del inmueble. b) El resto de activos inmobiliarios, bien sean de carácter urbano, bien sean de carácter rústico, de acuerdo con el valor catastral del inmueble. c) Las cuentas bancarias y depósitos, los activos financieros y las participaciones, por su valor a 31 de diciembre consignado en las últimas declaraciones tributarias informativas disponibles cuyo plazo reglamentario de declaración haya finalizado en el momento de presentar la solicitud.Esmena 242 (Grup socialista) modificació art. 18 El patrimonio inmobiliario de carácter residencial se valorará de acuerdo con el valor de referencia de mercado al que se hace referencia en al artículo 3.1 y la disposición final tercera del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, y, en ausencia de este valor, por el valor catastral del inmueble. El resto del patrimonio inmobiliario, bien sea de carácter urbano, bien sea de carácter rústico, se valorará de acuerdo con el valor catastral de los inmuebles. Las cuentas bancarias y depósitos, los activos financieros y las participaciones, se valorarán por su valor a 31 de diciembre consignado en las últimas declaraciones tributarias informativas disponibles cuyo plazo reglamentario de declaración haya finalizado en el momento de presentar la solicitud.
 Esmena 348 (Grup republicà) modificació art. 18.7.a) «7. Los activos no societarios se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios: a) Los activos inmobiliarios de carácter residencial de acuerdo con el valor de referencia de mercado al que se hace referencia en al artículo 3.1 y la disposición final tercera del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, y, en ausencia de este valor, por el valor catastral del inmueble. En el supuesto de que la persona titular sea copropietaria de un inmueble, este solo computará en la parte que le correspondaEsmena 39 (Sr. Baldoví) modificació 18.7.a) a) Los activos inmobiliarios de carácter residencial de acuerdo con el valor de referencia de mercado al que se hace referencia en al artículo 3.1 y la disposición final tercera del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, y, en ausencia de este valor, por el valor catastral del inmueble. En el supuesto de que la persona titular sea copropietaria de un inmueble, este solo computará en la parte que le corresponda.»
  8. El patrimonio societario se valorará, para cada uno de los miembros de la unidad de convivencia, aplicando los porcentajes de participación en el capital de las sociedades no incluidas dentro de los activos no societarios, al valor del patrimonio neto de dichas sociedades y de las que pertenezcan directa o indirectamente a estas consignado en las últimas declaraciones tributarias para las que haya finalizado el ejercicio fiscal para todos los contribuyentes.Esmena 242 (Grup socialista) modificació art. 18 6. Independientemente de la valoración del patrimonio neto, se considerará que no cumplen el requisito de vulnerabilidad económica del ingreso mínimo vital las persones beneficiarias individuales o las unidades de convivencia que posean activos no societarios por un valor superior al establecido en el Anexo III.
 Esmena 38 (Sr. Baldoví) addició apartat 18.9 «9. A efectos de la determinación del patrimonio se excluirán los activos no societarios y el patrimonio societario que no sean susceptibles de generar ingresos por estar sujetos a cargas o gravámenes, por ser objeto de procedimientos de declaración de insolvencia o de ejecución, o por no ser posible su enajenación por causas justificadas. Los interesados estarán obligados a informar al Instituto Nacional de la Seguridad Social la desaparición de cargas y gravámenes, o por cualquier otro motivo, el activo no societario o el patrimonio societario sea susceptible de generar ingresos o de enajenación. En ese caso, el Instituto Nacional de la Seguridad Social podrá revisar de oficio los actos relativos a la prestación de ingreso mínimo vital de conformidad con lo establecido en el artículo 17, en caso de concurrir las circunstancias legalmente previstas para ello.»
 Esmena 349 (Grup republicà) addició nou apartat 9 a l’art. 18 «9. A efectos de la determinación del patrimonio se excluirán los activos no societarios y el patrimonio societario que no sean susceptibles de generar ingresos por estar sujetos a cargas o gravámenes, por ser objeto de procedimientos de declaración de insolvencia o de ejecución, o por no ser posible su enajenación por causas justificadas. Los interesados estarán obligados a informar al Instituto Nacional de la Seguridad Social la desaparición de cargas y gravámenes, o por cualquier otro motivo, el activo no societario o el patrimonio societario sea susceptible de generar ingresos o de enajenación. En ese caso, el Instituto Nacional de la Seguridad Social podrá revisar de oficio los actos relativos a la prestación de ingreso mínimo vital de conformidad con lo establecido en el artículo 17, en caso de concurrir las circunstancias legalmente previstas para ello.»
 Esmena 104 (PDeCAT) addició nou apartat 18.6 6. Se exceptuará del cómputo de rentas el patrimonio protegido regulado en la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad.»

Anàlisi i comentaris a l’article 18

Apartat 1 de l’article 18

L’esmena 242 (del Grup socialista) proposa les següents innovacions:

  • Modificar el títol del precepte “còmput d’ingresssos i patrimoni” en lloc de “còmput dels ingressos i patrimoni).
  • Suprimir “Les ganàncies patrimonials generades en l’exercici” a l’apartat b) i regular-les en un apartat c) nou: “c) Las ganancias patrimoniales generadas en el ejercicio se computarán por la cuantía que se integra en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o normativa foral correspondiente según la normativa vigente en cada período, minorada de cualquiera de las ayudas públicas contempladas en el apartado f).
  • Suprimir a l’apartat e) sobre les exempcions al còmput de rendes l’apartat 1r. “Los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las comunidades autónomas”, en coherencia amb la mateixa supressió que s’ha proposat a l’article 7.1.c).
  • Suprimir de l’apartat 2n. La referència als ajuts d’emergència i altres similars.
  • Afegir la pensió compensatòria i la d’aliments en favor dels fills satisfeta d’acord amb l’article 93 del CC.

Les esmenes 76 (del Grup En comú podem) i 364 (del Grup republicà) proposen la supressió “de l’exercici anterior” referit al còmut dels ingressos. De forma semblant, l’esmena 63 (del Sr. Errejón) proposa la reducció del còmput dels ingressos als “dos mesos anteriors a la sol·licitud”.

En relació amb l’apartat e) sobre les exclusions del còmput de rendes, l’esmena 44 (del Grup en comú podem) proposa afegir 4 apartats nous:

4º Prestaciones o ayudas públicas de dependencia

5º Prestaciones por desempleo

6º Pensiones compensatorias y anualidades por alimentos no satisfechas

7º Cuantía de las pensiones compensatorias a favor del cónyuge

I aquest mateix Grup en comú podem proposa un 8è. Apartat nou a aquest mateix apartat e) a l’esmena 67:

8º Prestaciones o ayudas públicas orientadas a revertir la pobreza infantil.”

Altres esmenes també proposen nous apartats a afegir a  aquest article 18.1.e).

  • Esmena 347 (del Grup republicà): «4.º La pensión de alimentos de los hijos acordada mediante resolución judicial, reconocida e impagada. 5.º Prestaciones o ayudas concedidas en el marco de la Ley de Dependencia.»
  • Esmena 37 (del Sr. Baldoví): «4.º La pensión de alimentos de los hijos acordada mediante resolución judicial reconocida e impagada.»
  • Esmena 103 (del PDeCAT): “4.º Prestaciones o pensiones concedidas por razón de la existencia de una discapacidad.»

Apartat 2 de l’article 18

L’esmena 242 (del Grup socialista) manté la mateixa redacció original d’aquest apartat 18.2, que inclou un dels principals problemes que està comportant actualment l’aplicació de l’IMV: el fet que sigui l’any de l’exercici anterior a la sol·licitud el que es té en compte per al còmput dels ingressos. Així, altres esmenes proposen modificar aquest període del còmput:

  • L’esmena 77 (del Grup En comú podem) proposa el trimestre nterior a la sol·licitud;
  • L’esmena 365 (del Grup republicà) proposa l’exercici corrent; l’esmena 390 (del mateix grup) proposa una alternativa: l’exercici anterior o els mesos de l’any en curs transcorreguts fins a la sol·licitud, que és molt semblant a l’esmena socialista núm. 233, que proposa l’addició d’un nou apartat 8.5 (sobre l’excepció per computar l’any en curs, i que, sorprenentment, no s’esmenta en aquest apartat 18.2).
  • L’esmena 64 (del Sr. Errejón) proposa els dos mesos anteriors a la sol·licitud.

Apartat 3 de l’article 18

L’esmena 242 (del Grup socialista) manté la mateixa redacció original d’aquest apartat 18.3.

Apartat 4 de l’article 18

L’esmena 242 (del Grup socialista) modifica la redacció d’aquest apartat 18.3, introduint el nou concepte “patrimoni net”:

“4. Se tendrá en cuenta el patrimonio neto de la persona sola o de la unidad de convivencia, que estará determinado por la suma del patrimonio societario neto más el patrimonio no societario neto:

a) El patrimonio societario neto incluye el valor de las participaciones en el patrimonio de las sociedades en las que participen de forma directa alguno de los miembros de la unidad de convivencia, con excepción de las valoradas dentro de los activos no societarios.

b) El patrimonio no societario neto incluye el valor de los activos no societarios y se descuenta el pasivo no societario que tuviera asociado.”

També s’hi afegeix el següent aclariment sobre els passius no societaris:

“Los pasivos no societarios incluirán las deudas y créditos existentes sobre los activos no societarios a fecha de presentación de la solicitud, excluidos los asociados a la vivienda habitual.”

Apartat 5 de l’article 18

Aquesta mateixa esmena 242 proposa el següent redactat per a aquest nou apartat:

“5. Los activos no societarios se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios:

El patrimonio societario neto se valorará, para cada uno de los miembros de la unidad de convivencia, aplicando los porcentajes de participación en el capital de las sociedades no incluidas dentro de los activos no societarios, al valor el patrimonio neto de dichas sociedades consignado en las últimas declaraciones tributarias para las que haya finalizado el ejercicio fiscal para todos los contribuyentes.

El patrimonio inmobiliario de carácter residencial se valorará de acuerdo con el valor de referencia de mercado al que se hace referencia en al artículo 3.1 y la disposición final tercera del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, y, en ausencia de este valor, por el valor catastral del inmueble.

El resto del patrimonio inmobiliario, bien sea de carácter urbano, bien sea de carácter rústico, se valorará de acuerdo con el valor catastral de los inmuebles.

Las cuentas bancarias y depósitos, los activos financieros y las participaciones, se valorarán por su valor a 31 de diciembre consignado en las últimas declaraciones tributarias informativas disponibles cuyo plazo reglamentario de declaración haya finalizado en el momento de presentar la solicitud.”

Les esmenes 348 (del Grup republicà) i 39 (del Sr. Baldoví) proposen que en cas que el titular sigui copropietari d’un immoble, aquest es computi en la part que correspongui.

Apartat 6 de l’article 18

L’esmena 242 (del Grup socialista) proposa el següent redactat per a aquest nou apartat 6:

“6. Independientemente de la valoración del patrimonio neto, se considerará que no cumplen el requisito de vulnerabilidad económica del ingreso mínimo vital las persones beneficiarias individuales o las unidades de convivencia que posean activos no societarios por un valor superior al establecido en el Anexo III.”

Les esmenes 38 (del Sr. Baldoví) i 349 (del Grup republicà) proposen l’addició d’un nou apartat 9, amb el mateix text:

«9. A efectos de la determinación del patrimonio se excluirán los activos no societarios y el patrimonio societario que no sean susceptibles de generar ingresos por estar sujetos a cargas o gravámenes, por ser objeto de procedimientos de declaración de insolvencia o de ejecución, o por no ser posible su enajenación por causas justificadas. Los interesados estarán obligados a informar al Instituto Nacional de la Seguridad Social la desaparición de cargas y gravámenes, o por cualquier otro motivo, el activo no societario o el patrimonio societario sea susceptible de generar ingresos o de enajenación. En ese caso, el Instituto Nacional de la Seguridad Social podrá revisar de oficio los actos relativos a la prestación de ingreso mínimo vital de conformidad con lo establecido en el artículo 17, en caso de concurrir las circunstancias legalmente previstas para ello.»

També proposa l’addició d’un nou apartat l’esmena 104 (del PDeCAT):

“6. Se exceptuará del cómputo de rentas el patrimonio protegido regulado en la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad.”

Conclusions

Les principals innovacions proposades per les esmenes parlamentàries són les següents:

1) La supressió de l’artile 16, sobre la incompatibilitat de l’IMV amb l’assignació per fill o menor a càrrec.

2) La substitució de l’exercici de l’any anterior a la sol·licitud per al còmput dels ingressos per un període més proper al moment de presentar la sol·licitud: un trimestre, dos mesos, els mesos transcorreguts de l’exercici actual…

3) L’addició de noves exclusions del còmput de rendes: ajudes de dependència, prestacions d’atur, pensions compensatòries i anualitats per aliments no satisfetes, pensions compensatòries a favor del cònjuge, ajudes a recertir la pobresa infantil, pensions concedides per discapacitat.

4) La modificació del “patrimoni” pel “patrimoni net”, resultat de sumar el patrimoni societari net més el patrimoni no societari net.

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